En las próximas dos o tres semanas, el Ministerio Público recibirá las primeras delaciones del Caso Lava Jato provenientes de Brasil, informó el fiscal superior Alonso Peña Cabrera.

En declaraciones a la prensa, el magistrado que fue designado como representante del Ministerio Público para recibir la documentación y delaciones del caso, específico que la información de Brasil provendrá por dos vías.

A través de las cartas rogatorias enviadas por la Oficina de Cooperación Judicial Internacional a pedido de los fiscales y por colaboración espontánea cuando Brasil encuentra información que puede ser útil para un país y la comparte.

El magistrado – que viajó a Brasil junto a los fiscales superiores Rafael Vela y Frank Almanza, subrayó que lo actuado en Brasil no tiene ninguna relación con el acuerdo preliminar firmado por el fiscal Hamilton Castro con Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht, pues está en el marco de la legislación peruana y no se ha recurrido a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones.

“Son procedimientos diferentes, es más (el fiscal Hamilton) Castro (encargado de las investigaciones del caso Odebrecht) luego puede recurrir a la Cooperación Judicial Internacional”, remarcó.

Asimismo, precisó que el Ministerio Público no sólo recibe información sobre el caso de Brasil. “No hay dependencia absoluta de Brasil. Suiza y Estados Unidos también están colaborando”, advirtió.

No se ha firmado compromiso que impida enjuiciar a directivos
El Ministerio Público descartó que la delegación que arribo al país carioca para coordinar los procedimientos a fin de recibir las delaciones de Odebrecht, haber firmado un compromiso de alcance general, que implique que la Fiscalía se encuentre obligado, ante las autoridades brasileñas, a no investigar, procesar o enjuiciar a los directivos de la empresa en Perú.

En esa línea, la fiscalía rechazó categóricamente haber garantizado un blindaje legal a Odebrecht pues cada fiscal evaluará si existe o no la necesidad de firmar dichos compromisos.

“De advertir otros hechos delictivos en el Perú, en los cuales la empresa, sus directivos u otros, se encuentren involucrados, y que no han sido de forma alguna materia de homologación ante el Tribunal Supremo del Brasil; éstos podrían legítimamente ser investigados; por lo tanto, no existe blindaje”, advirtió.

Es así que, la Fiscalía General de Brasil, da cuenta que el traslado de la información (relevante para las investigaciones del caso Odebrecht), está condicionada a la adopción de compromisos de dos compromisos.

Primero, que respeten las normas de Cooperación Jurídica Internacional (Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción) y, segundo, que las garantías otorgadas a los colaboradores en sus acuerdos firmados y homologados en el Brasil.

“Esto último significa asumir el compromiso de no procesar en el extranjero a los colaboradores o a la empresa, conforme a los límites establecidos por el Tribunal Supremo Federal Brasileño”, detalló la institución judicial.

La suscripción de estos compromisos, aclaro, se encontrarían supeditados a que el Fiscal no cuente con tal información o ésta no pueda ser obtenida por otros medios idóneos; pues en tal situación, cada fiscal evaluaría la necesidad de firmar compromisos con las autoridades brasileñas.