Hay opiniones divididas sobre quién ganó el caso Chavín de Huántar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). ¿Qué nos puede decir usted al respecto?
Más allá de los apasionamientos, desde el punto de vista de la jurisprudencia el Estado peruano ha ganado en un 90%.
¿Por qué?
La Corte IDH ha sido bastante prudente en cuento a las consecuencias del fallo, porque ha dejado en claro que el operativo Chavín de Huántar no está bajo sospecha de ser un acto violatorio de los derechos humanos. Ese punto quedó zanjado ante la corte.
¿Y lo negativo?
Es que se considera que el Estado peruano no ha agotado todo los medios para investigar la muerte del llamado camarada Tito. Sin embargo no ha dicho como en otros casos que el Estado ha encubierto la violación de derechos humanos, como lo hizo en el caso La Cantuta o Barrios Altos al amnistiar a los procesados.
¿Qué otra cosa hay que destacar?
La corte no ha dicho hay que condenar sino hay que investigar para determinar si el camarada Tito fue condenads extrajudicialmente y esa es la razón por la que no ha ordenado reparaciones.
El Presidente Ollanta Humala ha dejado entrever que no pagará a las ONG que defendieron a los terroristas los US$ 30 mil que ha ordenado la Corte IDH por concepto de gastos del proceso. ¿Podríamos ser sancionados por eso?
Las costas y los gastos van para los abogados ellos no son los presuntos terroristas. Si no paga incumple parte del fallo. El Estado tiene muchos casos en los que no ha pagado reparaciones.
¿Y podría tener alguna sanción?
Cuando no cumple se producen las llamadas audiencias de cumplimiento (…) en la corte. Lo único que puede haber son sanciones morales, la Corte no puede demandar por el incumplimiento sin embargo puede poner al país en un listado en el que aparezca como una nación que incumple.
