(Bloomberg) La lectura más simple de las protestas que se extendieron por Brasil el domingo es que el país más grande de América Latina reclama un cambio de régimen.
Las tres millones de personas o más que llenaron las calles y las plazas de Río de Janeiro, Sao Paulo y decenas de otras ciudades brasileñas lo hicieron para decir que están hartos del imparable escándalo de corrupción que ha hecho caer la economía y prácticamente paralizó el funcionamiento político en los últimos dos años. Dicen que la presidenta Dilma Rousseff y sus amigos deben irse.
Pero por satisfactorio que esto pueda parecerles a los enemigos de Rousseff, no es el verdadero mensaje. Y cualquier aprovechado que intente hacer de la indignación pública una ventaja partidaria debería pensarlo dos veces o se arriesgará a acabar siendo el próximo blanco.
Las mismas multitudes que llevaban muñecos inflables de Rousseff y su mentor político, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con trajes de preso también dejaron en claro que no estaban haciendo campaña por los rivales de Rousseff. Dos altos funcionarios del principal grupo opositor, el Partido de la Social Democracia Brasileña –incluido el ex candidato presidencial Aecio Neves-, fueron insultados por los manifestantes en Sao Paulo.
Eso no es una concesión a Rousseff. Es difícil evitar la conclusión de que su presidencia ha sido una debacle. Desde que fue elegida por primera vez en 2010, la economía del país pasó de ser un coloso a la categoría de basura y la mayoría de los economistas no ven posibilidades de mejora antes de 2018.
Durante su gobierno, una operación de cambio de dinero dirigida desde una estación de servicio de Brasilia estalló en el escándalo conocido como “lavado de autos”, el mayor esquema de corrupción que se haya visto en el país y que ha dejado a la petrolera estatal Petrobras saqueada y ha desprestigiado a algunos de los magnates y funcionarios públicos más poderosos del país. (El descrédito hace poco alcanzó a Lula, quien presuntamente recibió beneficios de los contratistas involucrados en el lavado de autos. El lunes, la prensa brasileña era un hervidero de versiones no confirmadas de que había aceptado un cargo en el gabinete de Rousseff, puesto que lo eximiría de ser juzgado por un tribunal ordinario).
Estos tristes antecedentes han provocado un clamor por la destitución de Rousseff y darán fuerza a la iniciativa del Congreso para someterla a juicio político. Al mismo tiempo, el tribunal electoral está analizando las pruebas –apuntaladas por la detención del jefe de campaña de Rousseff- de que la presidenta financió la campaña para la reelección con dinero sucio, delito que podría llevar al tribunal a anular su reelección y convocar a nuevos comicios en el término de noventa días.
La crisis incluso ha alimentado las versiones de que importantes legisladores podrían acordar la reducción de la autoridad de Rousseff y elegir por el voto a una especie de primer ministro provisional para que termine su mandato, aunque los votantes brasileños rechazaron dos veces adoptar un sistema parlamentario. “Las decisiones se toman semana a semana”, dijo Michael Mohallem, de la facultad de Derecho de la Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro.
Y sin embargo, mientras los sospechosos clave en el escándalo de Petrobras llegan a acuerdos de reducción de pena para evitar la cárcel o llegar a una sentencia más leve –todos los ojos están puestos en el magnate de la construcción Marcelo Odebrecht, sentenciado hace poco a 19 años de prisión por pagar sobornos a cambio de obtener contratos del gobierno-, aumentan las probabilidades de que una de esas hipótesis se haga realidad. El partido más grande del endeble bloque gobernante de Rousseff, el Movimiento Democrático Brasileño, amenaza con dejar la coalición, y la consultora de riesgo político Eurasia Group recientemente elevó las probabilidades de que Rousseff no termine su mandato de 40 por ciento a 65 por ciento.
Sin embargo, si bien la partida de Rousseff puede ayudar a disipar la nube de incertidumbre que oscurece a Brasil, no hará que mágicamente el país vuelva a ser más solvente. Ni tampoco infundirá repentinamente espíritu democrático en los 28 partidos del Congreso, habituados a tener de rehén al gobierno para que les asigne fondos que beneficien a sus votantes. Estos intereses creados no tienen mucha vocación por la frugalidad fiscal, y mucho menos por las reformas estructurales que necesita Brasil para atraer más inversiones y enderezar la economía.
¿Qué pasaría si Rousseff se va? Conforme su cargo pende de un hilo, también lo hacen los de aquellos que han sido acusados de beneficiarse con el esquema de corrupción de Petrobras. Entre los funcionarios que están en capilla, figuran los tres que siguen a Rousseff en la línea de sucesión: el vicepresidente Michel Temer, que caerá con Rousseff si el tribunal dictamina que la campaña se financió en forma ilegal; el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, que enfrenta cargos por recibir sobornos; y el presidente del Senado Renan Calheiros, sospechoso de lavar dinero, recibir sobornos y evadir impuestos.
La buena noticia es que los brasileños ya no están dispuestos a tolerar el ataque de los políticos corruptos a las arcas públicas. Pero siguen en pie inquietantes preguntas sobre quién guiará a la joven democracia en medio de la peor crisis política desde 1992 y cómo podrá el país pedir rendición de cuentas a los políticos restantes.
Ese es un problema que el cambio de régimen no va a resolver.
