El presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, aguardó hasta el final de la última sesión del grupo de trabajo para someter a votación el dictamen que modifica el Decreto de Urgencia 003 – 2017, emitido por el Ejecutivo.

Este ordena a Odebrecht y otras empresas involucradas en escándalos de corrupción la suspensión de la transferencia, total o parcial, al exterior del íntegro de sus capitales provenientes de las inversiones en el Perú.

Esta vez el documento, a diferencia de sesiones anteriores – no conllevó a un mayor debate y fue aprobado por ocho votos a favor y dos abstenciones, de Marisol Espinoza (APP) y Zacarías Lapa Inga (Frente Amplio).

En el dictamen se introducen una serie de cambios a la norma, a fin de procurar su cumplimiento en forma eficaz y asegura la continuidad de proyectos de inversión para la prestación de servicios públicos, sostuvieron en el grupo de trabajo.

La propuesta incorpora, por ejemplo, que el Ministerio de Justicia remita anualmente a las comisiones de Justicia y Economía un informe sobre el impacto y aplicación del decreto. “El informe será elaborado sobre la base de la data emitida por el MEF y ProInversión”, señala el dictamen.

Comisión Permanente
En el documento se descartó la propuesta inicial para que las empresas consorciadas sean impedidas de contratar con el Estado, tal como lo adelantáramos (Gestión 01.06. 2017).

En la misma línea, se confirma que se suspende el derecho de las empresas socias de aquellas comprendidas en el decreto de urgencia a transferir al exterior sus capitales dividendos o utilidades.

Del mismo modo se establece procedimiento de anotación preventiva en los Registros Públicos en los que consten inscritos los bienes, derechos, acciones, participaciones u otros valores representativos de derechos de participación.

El congresista Miguel Castro (Fuerza Popular), señaló a Gestión, que sin bien el dictamen no se vería mañana, en el último pleno de esta legislatura, sí se verá en la Comisión Permanente de manera prioritaria.