(Bloomberg).- Cuando un banquero de renombre mundial y un legislador fueron arrestados la semana pasada como parte del mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, la atención internacional naturalmente se dirigió al joven empresario, André Esteves.

Pero para los observadores experimentados de Brasil, fue la detención del legislador –un negociador del partido gobernante llamado Delcidio Amaral– lo que marcó un acontecimiento mucho más preocupante para un país que busca con desesperación contener una crisis financiera y política cada día más profunda.

Su arresto no solo demoró los esfuerzos del gobierno para resolver la disputa de este año por el presupuesto sino que también diluye una creencia de larga data de que los legisladores en funciones son casi intocables a causa de una peculiaridad de las leyes brasileñas que permite a los políticos gozar de un tratamiento especial en las investigaciones criminales.

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Aunque esto puede verse como un verdadero consuelo en medio del escándalo –una señal de que ya no se tolerará la corrupción legislativa–, también agrega otra inquietud a la crisis: ¿quién caerá a continuación y dónde terminará todo? Como los jefes de ambas cámaras son objeto de investigación, surge la posibilidad de que el aparato político brasileño se desintegre antes de aprobar los recortes de gastos y aumentos de impuestos necesarios para restaurar la confianza de los inversores y alejar la posibilidad de una nueva ronda de rebajas en la calificación crediticia.

“La idea de que los dirigentes políticos tienen un plan para sacar al país de la crisis murió porque el propio futuro de estos está en juego”, dijo desde Brasilia Gabriel Petrus, analista político de la firma consultora de empresas Barral M Jorge. “Nunca antes en la historia tuvimos tan poca certidumbre respecto del mañana”.

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Pagar para jugar.
Aunque la investigación de una confabulación de pagar para jugar que involucró a las mayores empresas constructoras brasileñas con el gigante estatal Petrobras ya condujo al encarcelamiento de ex políticos, Amaral fue el primer legislador en funciones en ser arrestado desde el retorno de Brasil a la democracia en la década de 1980. El derecho brasileño prohíbe que los políticos sean investigados o arrestados sin la aprobación de la Corte Suprema. Amaral, como Esteves, ha negado haber actuado mal.

Cuando se supo la noticia a primera hora del 25 de noviembre, fue el arresto de Esteves por la sospecha de que él y el legislador intentaron interferir con el testimonio de un ejecutivo de Petrobras encarcelado lo que captó la atención del mundo.

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En horas, las acciones de su compañía, BTG Pactual, el mayor banco independiente de inversiones de Latinoamérica, habían caído 39% y su imagen había aparecido en los programas de noticias de la TV de todo el mundo. La acción se ha recuperado algo desde entonces y está ahora 26% abajo respecto del momento anterior a su detención. Esteves renunció como CEO y presidente del consejo de BTG a última hora del domingo luego que la Corte Suprema dictaminó que permaneciera en prisión indefinidamente.

Pero es el político de 60 años y cabello cano quien fue clave para ayudar a Brasil a detener su caída en picada. Atrapado en un mortal círculo de recesión y decrecientes ingresos fiscales, el gobierno brasileño enfrenta un déficit de presupuesto que se ha disparado a más de 9% de su producto interno bruto, el mayor en al menos veinte años.

Amaral, un ex ejecutivo de Petrobras conocido por su discurso pragmático y directo y su facilidad para obtener acuerdos atravesando las líneas partidarias, ha tenido un papel crucial en algunas de las más importantes victorias políticas de la presidenta Dilma Rousseff este año. Es ese rol el que subyace en el centro de las preocupaciones: sin un heredero a la vista para que asuma como principal negociador del gobierno en el senado, las probabilidades de aprobar nuevas medidas fiscales disminuyen día a día.