La minera canadiense Bear Creek, que vio paralizadas sus actividades en la provincia de Chucuito-Juli, en Puno, desde junio del 2011, anunció hoy que la demanda civil interpuesta durante el gobierno de Alan García por haber adquirido irregularmente la concesión de Santa Ana ha sido rechazada por un juez peruano.
La empresa considera que esta decisión es “fundamental” para la situación legal del proyecto minero, que aún tiene pendiente resolver una apelación que el Ministerio de Energía y Minas ha hecho en la Corte Suprema.
Asimismo, respecto a la Acción de Amparo que Bear Creek presentara luego de la derogación del Decreto Supremo Nº 083-2007 -que canceló sus operaciones en Puno-, la compañía asegura que se programará una audiencia y espera que se realice durante la primera mitad de este año.
En junio del 2011, violentas protestas de comunidades aymaras en Puno -que dejaron al menos cinco muertos- generaron la cancelación del proyecto, además de la denuncia del congresista Yonhy Lescano que acusó a la empresa de haber adquirido Santa Ana utilizando “una testaferro”.
Lescano argumentó, en ese entonces, que Yenny Karina Villavicencio Gardini, trabajadora de la minera, fue quien solicitó al MEM la concesión de Santa Ana, que fue posteriormente transerida de “forma irregular” a la minera.
Inversión pendiente
Bear Creek dijo que tiene US$ 70 millones en efectivo y que sus gastos se han reducido “de forma considerable”, lo que le permite tener suficientes fondos “para continuar con todas las actividades planificadas hasta bien entrado 2014 sin poner en peligro la cronología deldesarrollo”.
El depósito de Santa Ana tiene unas reservas probadas y probables de 62.3 millones de onzas de plata. “La compañía está dispuesta a continuar con las negociaciones para resolver el conflicto y reiniciar operaciones, si el tiempo lo permite, este 2013”, reportó PR Newswire.
Por otro lado, Beark Creek asegura que ha habido progresos en alcanzar una solución, ya que el apoyo de comunidades locales se ha incrementado, pero aún continua llevando adelante las medidas legales que procuran proteger sus derechos bajo la ley peruana y el TLC con Canadá.
