Las medidas anticorrupción emitidas en el marco de las facultades legislativas, que vencieron el viernes último, parecen formar una primera parte de las acciones a seguir por el Gobierno, pues la bancada Peruanos Por el Kambio (PpK) ha presentado su “paquete anticorrupción”.

A estas medidas se suman, las más de 100 propuestas que tiene la Comisión Integridad que lleva adelante el Ejecutivo, también en la línea de la lucha contra la corrupción.

Según la comunicación del partido oficialista el “paquete anticorrupción” abarca normativas para enfrentar la corrupción de las empresas o personas contra funcionarios, Poder Judicial y la criminalidad organizada, entre otras.

A continuación, un resumen de los proyectos de ley:

1. Proyecto de ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de cohecho activo y de lavado de activos
Hasta ahora, la lucha contra la corrupción ha estado enfocada desde la perspectiva de los funcionarios públicos. Sin embargo, en el círculo de actores de estos delitos se encuentran también personas jurídicas de derecho privado. Por ello, el sistema jurídico penal peruano no puede estar al margen de la realidad, y ésta nos indica la necesidad de establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los casos del delito de cohecho activo y de lavado de activos.

2. Proyecto de ley que prohíbe el arbitraje ad hoc en los contratos del Estado
El presente proyecto de ley busca eliminar el arbitraje ad hoc para el Estado. El arbitraje es el medio de solución de conflictos para la etapa de la ejecución en los Contratos del Estado, establecido en la Ley de Contratación del Estado. La propuesta legislativa propone eliminar la posibilidad que el Estado siga utilizando los arbitrajes ad hoc y solo se lleven a cabo en instituciones arbitrales registradas. Ello permitirá un mayor control sobre los arbitrajes, se conocerá quiénes son los árbitros, se cautelarán los expedientes y se publicarán los laudos.

3. Proyecto de ley que establece la obligatoriedad de incorporar una cláusula anticorrupción en los contratos del Estado
Esta medida tiene por objeto establecer la obligatoriedad de la incorporación de la cláusula anticorrupción en los contratos de bienes, servicios y obras celebrados por el Estado a través de cualquier entidad pública con las personas naturales y personas jurídicas del sector privado, cualquiera sea la modalidad contractual. Ello con la finalidad de salvaguardar la confianza entre las partes, evitar los actos de corrupción en las etapas de negociación, suscripción, ejecución y/o a lo largo de la vigencia de los contratos, así como preservar su integridad.

4. Proyecto de ley que establece la prohibición del ingreso o permanencia a la carrera judicial y fiscal a quienes tienen sanción disciplinaria
Esta medida busca modificar el literal b) del artículo 21 y el literal c) del artículo 22 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, con la finalidad de impedir que aquellos jueces o fiscales que tienen un cúmulo de sanciones disciplinarias, formen parte del sistema de justicia.

5. Proyecto de ley que prohíbe el ascenso y ratificación de jueces que registren faltas graves
Esta medida busca modificar los artículos 4° y 99° de la Ley de la Carrera Judicial, con la finalidad de que los postulantes que en los concursos públicos de ascenso o de ratificación que, sin haber sido destituidos, registren sin embargo falta disciplinaria grave que hubiere quedado firme o hubiere agotado la instancia de la Oficina de Control de la Magistratura, no sean ascendidos; y quienes registren falta muy grave que hubiere quedado firme o hubieren agotado la instancia de la Oficina de Control de la Magistratura, no sean ratificados por el Consejo Nacional de la Magistratura.

6. Proyecto de ley que incorpora el prevaricato agravado en delitos de tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, asociación ilícita para delinquir, corrupción de funcionarios, lavado de activos y criminalidad organizada
Esta medida busca modificar el Art. 418° del Código Penal, promulgado por D. Leg. 635, publicado el 08 de abril de 1991, a fin de optimizar la regulación en torno al delito de Prevaricato de Jueces y Fiscales tratándose de delitos de tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, asociación ilícita para delinquir, corrupción de funcionarios, lavado de activos y criminalidad organizada.