(AFP) Argentina vive días de agitación luego de que el presidente Mauricio Macri fuera mencionado en los “Panama Papers” como director de una empresa offshore, y coincidiera con una embestida de la justicia contra figuras claves del kirchnerismo sospechados de corrupción.

Elegido a fines del 2015 tras prometer una gestión ejemplar, el presidente de centroderecha ha visto dañada su imagen por las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Él niega todo y argumenta que las empresas offshore pertenecían al Grupo Macri, dirigido por su padre Franco.

“De un punto de vista legal, es posible que no haya hecho nada incorrecto. Pero también demuestra que no ha aprovechado la ocasión de ejercer su promesa de transparencia. Si quiere transparencia, hubiera tenido que mencionar esas sociedades”, considera el politólogo argentino Gabriel Puricelli.

“Los Panama Papers lo ponen en una situación de no parecer transparente. No estoy seguro de que lo afecte a largo plazo, pero fue costoso para el gobierno a corto plazo, después de una victoria política”, agregó.

Puricelli aludió al hecho que Macri, con minoría en el Congreso, logró la aprobación parlamentaria que consagra el acuerdo con los llamados fondos buitre por la deuda argentina.

El armado de empresas offshore es un modus operandi frecuente en Argentina, estima Leandro Despouy, auditor general de la Nación del 2002 al 2015. En las revelaciones de los “Panama Papers” hay 570 argentinos citados, según la investigación.

Kirchner ante la justicia
El caso de Macri salió a la luz en una semana donde varios pilares del kirchnerismo están confrontando a la justicia.

El miércoles próximo, la propia expresidenta Cristina Kirchner deberá declarar en el marco de la investigación sobre una venta especulativa de divisas del Banco Central en los últimos meses de su gestión.

La exmandataria retornará ese día a la capital tras haber pasado cuatro meses en su casa en la Patagonia, en la que se recluyó tras la asunción de Macri. Sus partidarios convocan a una gran manifestación de apoyo cuando preste declaración en Buenos Aires.

Este miércoles el hombre de negocios Lázaro Báez pasó por los tribunales. Sospechado de blanqueo de dinero y desvío de fondos, había sido detenido en la noche del martes al descender de su jet privado proveniente de la sureña provincia de Santa Cruz, feudo de la expareja presidencial.

Báez se enriqueció durante las gestiones de Néstor y Cristina Kircher (2003-2007; 2007-2015), tras haber ganado varias licitaciones en Santa Cruz.

Imágenes de un video de vigilancia recientemente difundidas en la televisión argentina mostraron al hijo de Báez contando millones de dólares en efectivo.

El sábado había sido detenido el exsecretario de Transporte (2003-2009) Ricardo Jaime, y próximamente deberá declarar el extitular de Planificación, Julio de Vido, integrante del círculo más estrecho de los Kirchner.

La justicia investiga asimismo a Cristóbal López, un empresario con negocios en casinos, soja, obras públicas, medios, entre otros, muy cercano a los Kirchner, por una deuda de US$ 600 millones con el fisco.

Báez y López aparecen citados en los “Panama Papers”, al igual que el exsecretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

Los kirchneristas denuncian un ensañamiento judicial con la gestión anterior.

“No es ensañamiento, pero no hay independencia de la justicia. La justicia abre investigaciones, pero en muchos casos no toma acciones. No es que los jueces responden a órdenes del poder, pero hay jueces que toman decisiones políticas, indicador de falta de independencia”, dice Puricelli.

“Se ha roto una suerte de velo que cubría la realidad de la corrupción. Hay muchas pruebas contundentes que vienen de informes de la Auditoría General de la Nación. ¿Dónde va a desembocar? Va a terminar en un gran escándalo”, señaló Leandro Despouy.

“En América Latina, los gobiernos se apoderan del Estado y administran los fondos públicos como si fueran propios”, agregó Despouy, integrante de la Unión Cívica Radical, un partido socialdemócrata que forma parte de la coalición gobernante.

“Argentina demuestra que sea bajo el gobierno ultraliberal de Carlos Menem, en los años noventa, o de los Kirchner, con postulados de izquierda, la corrupción es una epidemia institucional”, agregó.

Sostuvo que tiene que haber un cambio fundamental, una ruptura con las prácticas del pasado, retomando las consignas que llevaron a Macri a la presidencia.