Buenos Aires (Reuters).- Una cámara de apelaciones de Argentina encontró el viernes culpable al ex presidente Carlos Menem por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia en la década de 1990, en la primera condena penal que recibe el controvertido dirigente político.

La sentencia anuló una absolución dictada en setiembre del 2011 por un tribunal inferior, que ahora deberá encargarse de fijar la pena que tendrá que cumplir el ex mandatario peronista de 82 años, cuya presidencia es recordada por las reformas de libre mercado y acusaciones de corrupción.

En su sentencia, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal dijo que encontró culpable a Menem de “ser coautor del delito de contrabando agravado por tratarse de material bélico y por contar con la intervención de funcionarios públicos”.

El tribunal también condenó al ex ministro de Defensa entre 1993 y 1996, Oscar Camilión, y a otros ex funcionarios de menor rango de la gestión de Menem, que ya fue procesado en otras causas judiciales por supuestos hechos de corrupción.

Menem, que gobernó Argentina durante dos períodos consecutivos entre 1989 y 1999, fue acusado por el tráfico ilegal de armamento entre 1991 y 1995 por el que la fiscalía pedía una pena de ocho años de prisión.

El ex mandatario, que puede apelar la condena ante la Corte Suprema de Justicia, dijo que es inocente y que no sabía que las armas que salieron de Argentina con destino a Venezuela y Panamá terminaron en Ecuador y Croacia.

Argentina tenía prohibido venderle material bélico a Ecuador por su rol de garante de paz tras la breve guerra que libró ese país con Perú en 1995. Sobre Croacia pesaba en ese entonces un embargo armamentístico de las Naciones Unidas por el conflicto bélico en la ex Yugoslavia.

Los pertrechos bélicos salieron de la estatal Fabricaciones Militares y del arsenal del Ejército, según la acusación.

El ex presidente es actualmente senador por el gobernante peronismo, lo que le otorga fueros parlamentarios que impiden apresarlo si no es previamente destituido por el voto de dos tercios de la Cámara alta.