Se viene una “batalla legal”. La Asamblea Nacional de Rectores (ANR) se manifestó rotundamente en contra de la nueva Ley Universitaria y anunció, tal como se estaba especulando, una “avalancha” de acciones de amparo, demandas de inconstitucionalidad y medidas cautelares contra la nueva norma que “pisotea” la constitución y la libertad de pensamiento.

“La primera batalla la han ganado. La segunda batalla, la legal, la de convocatoria, la vamos a ganar sí o sí porque tenemos la ley, la razón, el apoyo de las organizaciones sociales… No nos pueden poner una Superintendencia que supervise la libertad de pensamiento para hacer ciencia, hacer tecnología, ser crítico”, señaló acaloradamente Orlando Velásquez, presidente de la ANR.

En conferencia de prensa, Velásquez expresó que, con la nueva ley, se está avasallando la capacidad crítica de las universidades, se está apostando por el clientelismo y “se está haciendo que la universidad viva de rodillas al Poder Ejecutivo”.

“El Ejecutivo, a través de esta ley, va a otorgar la licencia, cerrar, cuestionar, supervisar, lo cual significa que la capacidad crítica que tiene todo docente o miembro de la comunidad universitaria se verá frustrada”, sostuvo.

Para la ANR, la ley recuerda el velasquismo o la actual situación de Ecuador con el presidente Rafael Correa. “Es es la historia que se está repitiendo e imponiendo desde el Palacio de Gobierno”, indicó.

Velásquez se mostró en contra de la creación de la Superintendencia, el establecimiento de la elección universal para los rectores, la exigencia de una tesis para bachillerato sin un presupuesto para el asesoramiento, los cambios en la homologación de los sueldos de profesores y supuestos recortes presupuestales.

De acuerdo con el titular de la ANR, el presidente Humala, la primera dama y los 56 congresistas que aprobaron la norma la desconocen. Velásquez sostuvo que los parlamentarios, luego de leer la norma, “están aterrados de haber aprobado un engendro monstruoso”.

Indicó que las 68 universidades reconocidas la ANR presentarán acciones de amparo, además de las medidas cautelares y demandas por inconstitucionalidad que la misma Asamblea presentará con el apoyo de representantes de tres bancadas.