(Bloomberg).- Hace doce días, André Esteves se trasladó a una cárcel con camas de cemento. Le afeitaron la cabeza. Algunos de sus compañeros de vivienda son ratas, atraídas por el vertedero de basura vecino.

Este hombre de 47 años continúa siendo multimillonario, pero utiliza un retrete colectivo en una unidad del famoso complejo penitenciaria de Bangu sobre el límite de Río de Janeiro. Afuera, el hedor de las alcantarillas se mezcla con los olorcillos de los bocaditos fritos que las mujeres compran para sus maridos presos a un puñado de vendedores cerca de la entrada.

En el interior, el expresidente y máximo responsable ejecutivo de Grupo BTG Pactual, el banco de inversión independiente más grande de América Latina, se baña con un jabón cortado en rodajas por guardias que controlan que no haya contrabando.

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La detención de Esteves, junto con el encarcelamiento en junio del responsable del conglomerado de la construcción más grande de Brasil, desató una sensación más que agridulce en un país acostumbrado a la impunidad para los delincuentes de guante blanco.

Los ejecutivos son símbolos de una generación de dirigentes corporativos beneficiados por un auge que transformó a Brasil en la economía en desarrollo más grande después de China. Una investigación por corrupción que los mandó a la cárcel a la espera de juicio, contribuyó a hundir al país en una profunda recesión y dejó a la presidenta Dilma Rousseff luchando por su supervivencia política.

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Antonio Carlos de Almeida Castro, abogado que representa a Esteves, dijo que la reacción no es sorprendente. “La gente generalmente odia a los banqueros”, dijo. Él confía en su cliente, que ha negado las acusaciones de que obstruyó la investigación por corrupción.

“Tiene un carácter muy fuerte, pero naturalmente nadie se despierta normalmente en Bangu 8 siendo inocente”, dijo Castro.

Esteves –quien alguna vez dijo en broma que BTG significaba “mejor que Goldman” (en inglés: “Better than Goldman”)- fue arrestado el 25 de noviembre como parte de una investigación por corrupción de pagos a cambio de participación, llamada Operación Lavado de Autos, que ha envuelto al gigante petrolero estatal Petrobras y algunas de las empresas constructoras más grandes del país. La supuesta estafa inflaba los precios de la construcción y hacía volver el dinero a ejecutivos de Petrobras y otros.

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Desde marzo de 2014 hubo más de 110 arrestos, entre los que se cuenta el senador Delcidio do Amaral, el primer legislador federal en funciones desde la dictadura militar que gobernó al país hasta 1984. Cuatro ex altos ejecutivos de Petrobras han pasado meses en una cárcel federal temporaria de seis celdas.

Antes de Esteves, el ejecutivo más prominente tomado bajo custodia fue Marcelo Odebrecht, el máximo responsable ejecutivo de Odebrecht SA, una compañía constructora familiar que prosperó gracias a contratos públicos. Odebrecht, de 47 años, está preso en un distrito cercano a Curitiba, la capital del estado de Paraná, en una cárcel con un espacio reservado a los imputados en el Lavado de Autos.

Entre las pertenencias personales que está autorizado a conservar en la celda figuran ropa interior, tres camisetas blancas, seis barras de chocolate y ocho hojas de papel tamaño carta, según funcionarios locales de gobierno. (Un juez lo acusó de usar una hoja de papel para escribir una nota pidiendo a sus abogados que borraran un correo electrónico acerca de un contrato de plataformas petroleras en el que mencionó a BTG. Odebrecht negó haberlo hecho).