EFE .- La jueza de instrucción de Andorra, Canolic Mingorance, entregó ayer a la Fiscalía de Perú la información solicitada sobre los funcionarios y empresarios peruanos que presuntamente recibieron sobornos o pagos ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht en la Banca Privada d’Andorra.

El documento fue recibido por el jefe de la Unidad de Cooperación Jurídica Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, Alonso Peña, anunció el organismo peruano en un comunicado.

Peña destacó que este acto demuestra alto grado de confianza entre las autoridades fiscales de ambos países.

La entrega de la información se realizó en el marco de la Convención de Fiscales y Procuradores Generales, que organiza la Fiscalía de Perú en Lima con autoridades de 20 países, entre ellas de Andorra y España.

También están presentes fiscales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Holanda, México, Panamá, Paraguay, Portugal, Reino Unido, República Dominicana y Uruguay.

Entre los investigados por presuntamente recibir sobornos de Odebrecht en Andorra está el exvicepresidente de la petrolera estatal Petroperú Miguel Atala, con supuestos pagos ilícitos por valor de US$ 900,000.

También se revisan pagos por valor de US$ 435,000 a Jorge Cánepa, exárbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), quien emitió 17 laudos favorables a la empresa brasileña en procesos contra el Estado peruano por varias carreteras.

Otro imputado en la misma investigación es Jorge Peñaranda, director de la empresa Alpha Consult, quien supuestamente recibió un pago de 250,000 dólares.

Igualmente existen transferencias realizadas a Edwin Luyo, expresidente del Comité de Licitaciones del Metro de Lima, quien se encuentra en prisión preventiva desde marzo, y a Víctor Muñoz, que acumuló 4,5 millones de dólares a través de la sociedad Hispamar Investments Perú.

La Banca Privada d’Andorra, junto con el Meinl Bank de Antigua y Barbuda fueron las entidades usadas por Odebrecht para pagar comisiones ilegales a altos cargos de doce países de América Latina a cambio de adjudicaciones de obras.

No obstante, José María Irujo, periodista del Diario El País, que ha seguido el caso del pago de sobornos de Odebrecht, y que tuvo acceso un informe confidencial de la Policía del Principado, señala que además de los funcionarios que ya se conocen hay otras personas implicadas en el caso que podrían salir en las próximas semanas.

“Es cierto que la fiscal de Andorra y la juez que lleva esta investigación está siguiendo pistas de otras personas y funcionarios relevantes de Perú, que en este momentos no podemos revelar porque aún no están suficientemente contrastados pero evidentemente la investigación continúa”, señaló en RPP.

En Perú, el caso Odebrecht se centra en trazar el rastro de los 29 millones de dólares que la compañía admitió a la Justicia estadounidense haber pagado en sobornos a funcionarios para adjudicarse millonarias obras entre 2005 y 2014.

Ese período abarca los mandatos de Alejandro Toledo (2001-2006), quien tiene una orden de captura por un presunto soborno de 20 millones de dólares; Alan García (2006-2011), incluido en investigaciones por dádivas para el Metro de Lima, y Ollanta Humala (2011-2016), encarcelado por presunta financiación irregular de sus campañas.