(Bloomberg) La presidenta Dilma Rousseff prometió un mayor gasto en el programa social más popular de su partido y adoptó otras medidas apuntadas a su base electoral cuando se supone que en menos de dos semanas el Senado votará a favor del proceso de juicio político que ella califica de golpe de Estado.
En un acto que reunió a gremios sindicales y seguidores del Partido de los Trabajadores en Sao Paulo este domingo, Rousseff anunció rebajas impositivas, más unidades públicas de vivienda y un aumento promedio del 9% en el programa de transferencia de efectivo conocido como Bolsa Familia, pese a que Brasil enfrenta un déficit fiscal récord. El acto del 1° de mayo, tradicionalmente una celebración de los derechos de los trabajadores y las políticas izquierdistas, sirvió además como protesta contra la ofensiva de juicio político aprobada por amplio margen en la Cámara Baja de Brasil. El Senado votará respecto de la destitución de Rousseff el 11 de mayo.
“Este golpe atenta no sólo contra la democracia y mi mandato sino también contra las conquistas de los trabajadores”, dijo Rousseff. “Resistiré. Lucharé hasta el final”.
Colaboradores de la primera líder mujer de Brasil admiten que es casi inevitable que el Senado vote por apartarla temporalmente de su cargo este mes mientras se desarrolla el proceso de juicio político, entregando el poder al vicepresidente, Michel Temer. Quienes critican a Rousseff dicen que los anuncios de política de este domingo apuntan a sabotear la transición y el presupuesto del gobierno, en tanto sus simpatizantes dicen que las medidas constituyen una ampliación de programas que redujeron la desigualdad en el país más grande de América Latina.
Pedido de juicio político
La manifestación en Sao Paulo fue una de las muchas realizadas en todo el país donde simpatizantes vestidos con las camisas rojas del Partido de los Trabajadores de Rousseff y de su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, criticaron las políticas de austeridad que se esperan de un futuro gobierno de Temer. Las organizaciones de izquierda y los sindicatos lideraron los cánticos de “no habrá golpe”, repitiendo que Rousseff no ha cometido ningún delito que merezca el juicio político.
Una comisión especial del Senado está analizando la actual petición de apartar a Rousseff de su cargo sobre la base de acusaciones de que su gobierno utilizó trucos contables para ocultar un déficit fiscal. El informe de la comisión será luego sometido a votación en el recinto del Senado. La aprobación por mayoría simple obligaría a Rousseff, de 68 años, a dar un paso al costado por 180 días durante su juicio completo en el Senado. La cámara necesitaría posteriormente el apoyo de dos tercios de sus 81 integrantes para destituir a la presidenta y terminar su mandato.
Individuos que se autoproclaman militantes dentro del Partido de los Trabajadores que gobierna Brasil desde hace más de 13 años con Rousseff y Lula, prometieron oponer resistencia a un futuro gobierno de Temer. Algunos manifestantes exigían una huelga general.
Miembros de los grupos sindicales favorables al juicio político en un acto opositor, también en Sao Paulo, atribuyeron la recesión de Brasil a la mala gestión económica de Rousseff y dijeron que Temer prometía preservar los derechos de los trabajadores y combatir el desempleo.
