Karina Abarca
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El último reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo muestra que 22 empresas salieron del ranking de verse envueltas en protestas.

En diciembre del 2012 teníamos a 91 compañías involucradas en conflictos, pero al 31 de enero de este año, esta cifra se redujo a 69 (ver tabla).

El defensor adjunto para la prevención de conflictos, Rolando Luque, explicó que esta baja se debería a que ciertos conflictos han pasado a un estado de inactividad.

Aclaró que ello no significa que estos se hayan resuelto, sino que en cualquier momento pueden dispararse.

“Hay que estar atentos, pues cualquier acción que realice la empresa, o el interés político de algún dirigente social o una medida legal, puede reactivar una controversia”, comentó Luque a Gestión.

Mesas de diálogo
Días atrás, José Miguel Morales, ex presidente de la Confiep, manifestó que más que mesas de diálogo para solucionar los conflictos, el Gobierno debería mejorar sus instrumentos legales para evitar que se desaten y terminen en cuadros de violencia.

Fernando Luque estimó que la solución de la conflictividad socioambiental en el país “no depende exclusivamente de los procesos de diálogo”.

Anotó que estos mecanismos son metodologías complementarias.

“Aquí tienen que funcionar los procedimientos legales, las instituciones, solo así se podrán enfrentar con eficacia las protestas”, expresó el representante de la Defensoría.

El caso Conga
Mientras tanto, Cajamarca, que se ubica en el sexto lugar de las regiones con mayor conflictividad (13), tiene entre sus principales problemas el caso Conga. Al respecto, el colectivo Cajamarca, que reúne a representantes de la sociedad civil y empresarios, rechazó la posibilidad de que se haga un referéndum sobre dicho proyecto, así como el discurso político antiminero del presidente de la región, Gregorio Santos.

Luis Guerrero, representante del colectivo Conga, sostuvo que pretender realizar una consulta popular sobre la viabilidad de un proyecto minero es “saltar” a la autoridad en el país, así como un despropósito por parte de las autoridades cajamarquinas.

“Este tipo de medidas mezcladas con discurso político son rechazadas por la población en las calles. Los cajamarquinos quieren trabajo, inversión; en el último carnaval la población rechazó a Santos y su discurso antiminero en distintos barrios”, declaró a Andina.

Señaló que en las últimas actividades de los movimientos que rechazan las inversiones mineras han sido fracasos y atribuyó ello a que los cajamarquinos ya no quieren más paralizaciones porque solo generan pérdidas y perjudican al comercio y al turismo.

Añadió que ese descontento de la población también es ocasionado por la ausencia de inversiones y la pérdida de empleos en Cajamarca.

Precisiones
Intervención. En el mes de enero la Defensoría del Pueblo realizó 169 actuaciones defensoriales, de las cuales 152 corresponden a acciones de supervisión preventiva, 12 de intermediación y 1 de defensa legal.

En el estudio, la Defensoría del Pueblo además señala que en 101 controversias, que equivalen al 46% del total de conflictos registrados, se registró por lo menos un episodio de violencia desde su aparición