Desgraciadamente, todavía poco. En todo caso, basándonos en la evidencia, los diversos estudios que se han publicado hasta el momento apuntan a efectos positivos sobre la creación de empleo y la contratación indefinida. Reconocer estos avances no quiere decir que se admita que quedan cosas por hacer: una buena parte de los problemas que aquejan al mercado laboral se mantienen. Sin embargo, la evidencia empírica debería ser la base de aquellas políticas que se propongan para mejorar el funcionamiento del mercado laboral español.

Antes de hablar sobre lo que la evidencia nos dice, dos advertencias. En primer lugar, cuatro años (el tiempo que ha pasado desde la reforma), en economía, es todavía poco tiempo. Muchos de los efectos de este tipo de políticas solamente se pueden valorar a medio y largo plazo, por lo que el juicio final tendrá que hacerse con un poco más de perspectiva. En segundo lugar, aislar los efectos de un evento en particular es difícil. Que se hayan destruido puestos de trabajo, entre 2012 y 2013, puede explicarse por una infinidad de factores, incluida la reforma laboral. Saber extraer que se debe (por ejemplo) a factores cíclicos, externos (crisis de la deuda soberana europea) o a políticas públicas (fiscal, monetaria o reformas estructurales), requiere de un cuidadoso análisis de los datos. Afortunadamente, varios autores durante los últimos años han logrado, de forma más o menos exitosa, sobreponerse a estos problemas.

Habiendo dicho lo anterior, las evaluaciones que se han publicado muestran consenso al menos sobre dos efectos. Por un lado, el Banco de España (2013), BBVA Research (2013 y 2016), la Comisión Europea (2016) y la OCDE (2013), apuntan a que la reforma laboral ha coincidido con un incremento en la respuesta de los salarios a las condiciones económicas y/o un mayor crecimiento del empleo durante la recuperación. Ante una caída en la demanda, la empresa busca acomodar la pérdida de ingresos con una reducción en costes. En anteriores recesiones, y debido a las rigideces que introducía el sistema de negociación colectiva, la respuesta se daba a través de la destrucción de empleo (temporal). Aunque es difícil entender qué causa qué, se asume que la mayor flexibilidad interna que otorgó la reforma a las empresas, ha permitido un ajuste más eficiente y menos traumático, en la medida en que ha salvado puestos de trabajo a cambio de moderación salarial. De ahí conclusiones como la de BBVA Research (2016) que afirma que, si el comportamiento de los salarios entre 2012 y 2015 hubiese seguido patrones similares a los de años anteriores, hoy en día tendríamos 900,000 puestos de trabajo menos.

Por otro lado, la segunda afirmación que puede hacerse sobre el efecto de la reforma laboral es que parece haber afectado positivamente a la contratación indefinida. Tanto OCDE (2013) como García Pérez (2016) muestran que la probabilidad de pasar del desempleo a un contrato indefinido ha aumentado a raíz de la reforma. Asimismo, ha disminuido la probabilidad de pasar de un contrato temporal al desempleo. Estos resultados muestran que la reducción de la diferencia entre los costes de despido, entre ambos tipos de contrato, puede estar teniendo los efectos deseados de reducir la dualidad en el mercado laboral español.

Nuestra ignorancia acerca de los efectos de la reforma es todavía grande. Sin embargo, estos cuatro años nos han permitido aprender sobre algunas de las cosas que funcionan. El mercado laboral español era atípico a nivel mundial, por la falta de respuesta de los salarios y la excesiva destrucción de empleo (temporal) cuando empeoraban las condiciones de las empresas. La reforma parece haber ayudado a mejorar en ambos frentes. Reconocer estos avances no implica dejar de lado el hecho de que cuando desaparezca la mejora cíclica, tanto la tasa de paro como la de temporalidad continuarán siendo inaceptablemente elevadas. En todo caso, la evidencia empírica puede ayudar a guiar el tipo de medidas que pueden ser necesarias para resolver algunos de estos problemas. Ignorar estos resultados podría llevar a consecuencias no deseadas.

Por Miguel Cardoso
Economista jefe de la Unidad de España de BBVA Research