Las políticas públicas sobre inserción laboral suelen enfocarse en fomentar el acceso al empleo de personas pertenecientes a grupos considerados vulnerables. En este contexto, nuestra legislación laboral pretende promover la incorporación al mercado de trabajo de los jóvenes a través de contratos especiales con derechos laborales reducidos, denominados modalidades formativas laborales. Sin embargo, el objetivo no se cumple en todos los casos.

En efecto, de la información publicada en el Anuario Estadístico del MTPE en el año 2015 el 91,94% de los convenios de modalidades formativas correspondieron a prácticas pre profesionales o profesionales. Es decir, a jóvenes que estaban recibiendo o habían culminado una formación profesional que facilita su acceso al empleo. En cambio, sólo 4,89% de estos convenios (apenas 2,959 jóvenes) correspondía a la modalidad de Capacitación Laboral Juvenil, destinada a jóvenes de entre 16 y 23 años que no siguen estudios técnicos o superiores.

¿Por qué ocurre esto? En primer lugar porque las empresas tienen poco interés en contratar personal no calificado, precisamente por ello es que se requiere una legislación de fomento. Pero además, porque pese a que la Capacitación Laboral Juvenil tiene costos laborales reducidos, impone a los empleadores una obligación adicional: la de brindar a los jóvenes capacitación teórica al menos por 5 horas semanales, lo que equivale a más de un mes de formación teórica por año. Esta obligación es costosa y no viene acompañada de ningún tipo de incentivo para las empresas.

Si se desea que la Capacitación Laboral Juvenil sea realmente útil, es necesario encontrar mecanismos que permitan a los jóvenes acceder a la formación teórica que necesitan, sin que ésta sea una carga asumida exclusivamente por la empresa. Por ejemplo, se podrían establecer programas públicos que brindasen formaciones de manera gratuita o conceder incentivos tributarios a las empresas que las financien directamente. Mientras esto no ocurra, nuestra legislación sobre inserción laboral continuará siendo ineficaz.

Por Mónica Pizarro Díaz
Socia del Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International