POR EL BUEN CAMINO. La semana pasada trajo consigo un par de buenas noticias para todos aquellos que les preocupa la brecha de infraestructura. Por un lado, como parte de la famosa reforma de salud, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció que el próximo mes presentará los 170 hospitales que ha identificado en todo el país, por un monto mayor a S/. 3 mil millones, para ser mejorados o reconstruidos por el sector privado durante los próximos tres años.

Lo peculiar (hasta histórico) del asunto es que el Minsa tiene la expectativa de que la mayoría de estos proyectos se lleven a cabo a través de la modalidad obras por impuestos o asociaciones público-privadas (APP). Paralelamente, ProInversión informó que prevé concretar este año alrededor de 40 proyectos valorados en S/. 500 millones, también a través del sistema de obras por impuestos.

Como hemos explicado extensamente en otros editoriales, los mecanismos de obras por impuestos y APP son las opciones más eficientes que tienen los gobiernos para ejecutar la inversión y, paradójicamente, las menos utilizadas. Ambos sistemas cuentan con numerosas ventajas como la de garantizar un nivel de calidad de servicio durante toda una concesión (APP), reducir el riesgo de retrasos y paralizaciones, y la incorporación de innovación a sectores tradicionalmente cerrados al capital privado. Todo esto, mientras se liberan recursos públicos para ser asignados a otros proyectos.

A pesar de los auspiciosos avances, no obstante, debemos recordar que todavía hay un número de gobiernos regionales que, a pesar de tener todas las autorizaciones, no hacen uso de estos recursos. No solo por la desinformación en los diferentes niveles de gobierno, sino también por el miedo que genera este tipo de decisiones en los funcionarios. Saben, pues, que cualquier decisión en este ámbito puede conducir a una demanda y/o una extensa investigación de la Contraloría, de la cual no están debidamente protegidos.

Para continuar con el impulso de estos programas, se debe también empoderar a los funcionarios y protegerlos para reducir su inacción (aunque no para cubrirlos de los casos de corrupción).