Javier Tovar Gil
Socio del Estudio Echecopar
Perú ha logrado avances notables en materia macroeconómica. Revisando el más reciente ranking del WEF, ocupamos un destacadísimo puesto 20 entre 148 países. Hace veinticinco años la situación era muy distinta, simplemente éramos inelegibles. El grado de inversión ganado por el país nadie lo quiere perder. Debe ser difícil encontrar un país en que los viceministros de economía sucedan ordenadamente a los ministros, a pesar de los cambios de gobierno.
¿Cómo hemos mejorado tanto? ¿Qué explica la continuidad de las políticas macroeconómicas por más de veinte años? A ciencia cierta, no lo sé. Tal vez el temor de regresar al fondo del pozo; o la incorporación sostenida de familias a la nueva clase media peruana, que cuentan con un patrimonio que defender; o la consiguiente reducción de la pobreza. Lo cierto es que cinco sucesivos gobiernos, con cinco presidentes diferentes, de organizaciones políticas alternativas han optado en la práctica por mantener el rumbo fijado por el capítulo económico de nuestra constitución de 1993; a pesar de algunos episodios de turbulencia política de alta intensidad, y en ocasiones, hasta de amenazas de cambio de modelo.
Nuestras posiciones en los rankings de infraestructura, salud y educación (del puesto 90 para abajo) son el lado feo de la historia. No podemos mirarnos en ese espejo y creer que somos los jaguares de las economías emergentes. Hemos crecido sostenidamente, y si bien una macroeconomía sólida es la base de toda política que pretende atraer inversión privada de largo plazo, hoy día hace falta más.
Algunas propuestas:
Trazar un Objetivo y Comunicar Señales Claras: Es indispensable para seguir creciendo que nos tracemos un objetivo medible, retador y de mejora sostenida de nuestra infraestructura. Por ejemplo, pasar del puesto 91 al 50 como objetivo de largo plazo, aunque también podría ser otro indicador, lo importante es saber dónde está el arco y apuntar a él. A partir de ese objetivo corresponde al gobierno tomar el liderazgo en el “planeamiento estratégico”, dando señales claras de cuáles son las prioridades y hacia dónde se dirigirán los recursos. Sin liderazgo no habrá resultados.
En lo que a prioridades se refiere, yo apostaría por el saneamiento, que tiene que ver con la salud básica de la gente; la conectividad a los mercados (carreteras, caminos y aeropuertos), que incrementa la productividad y mejora los ingresos de la población; y los sectores de infraestructura social, principalmente salud y educación. Además, considerando que gran parte de lo que viene implica cofinanciamiento, es indispensable contar con señales precisas de cuáles serán los montos y cómo se asignarán las prioridades.
Cambio de Mentalidad, aprovechando los atributos de las empresas privadas: El director de un organismo regulador británico sostenía, en la década de los noventa, que su trabajo era preciso. Encargarse que las empresas privadas desarrollen infraestructura y presten el mejor servicio a la población. Una combinación de incentivos correctos, regulación y competencia eran las herramientas para ello. La discusión, sobre si las telecomunicaciones eran o no un servicio público salía sobrando. El Estado debe planear, dar señales, supervisar y regular cuando corresponda; por su parte, la empresa privada debe innovar, financiar, ejecutar, gestionar y operar. En ese balance está la clave.
La siguiente generación de APP, las denominadas blandas, asociadas a sectores sociales como salud y educación son un reto mayor para el Estado. Ya escuchamos las voces que se oponen a su privatización, posicionando un fantasma muy difícil de superar. Tenemos que cambiar el eje del debate, lo relevante aquí es garantizar que las infraestructuras se construyan y los servicios se presten en las mejores condiciones posibles para la población, aprovechando los atributos de las empresas privadas. No importa quien haga las cosas sino que los servicios sean prestados.
Destrabar y Crear una Fábrica de Proyectos: Seguramente los más graves talones de Aquiles que tendremos, en el corto plazo, serán la poca capacidad del Estado para generar nuevos proyectos ejecutables en los siguientes años, así como la “permisología”, que se convierte en un laberinto de competencias y buenas intenciones desarticuladas, que afecta gravemente la ejecución de las inversiones.
Por ello, es necesario seguir destrabando el proceso, pero, de otro lado necesitamos contar con un “Think tank” que reúna las capacidades humanas y financieras que la tarea de generación de proyectos demanda. No tenemos una entidad en el Estado que se dedique a producir proyectos para que sean promovidos después por Proinversión. Una APP cofinanciada por el sector privado, que se dedique a la generación de proyectos ejecutables sería una inversión muy rentable para el Perú.
