Bloomberg View.- Los habitantes de Cataluña están enojados por la forma en que el gobierno español constantemente rechaza sus aspiraciones a una mayor autonomía . Pero esa irritación no justifica lo que hizo el parlamento catalán el lunes. Los legisladores deberían dar un paso atrás antes de que se intensifiquen aún más las tensiones.

El parlamento votó a favor de dictar leyes para que Cataluña tenga un sistema independiente de impuestos y seguridad social en el término de 30 días. Su resolución sobre la “desconexión” de España también declaraba que los fallos del tribunal constitucional de España ya no son válidos en Cataluña y que la independencia debería concretarse en 18 meses.

La votación parece apuntar a obligar a Madrid a dar una dura respuesta, radicalizando el debate para que no pueda haber una solución intermedia que descarte la independencia. El primer ministro español Mariano Rajoy no debe morder el anzuelo y debería exponer sus argumentos directamente a los catalanes, en especial aquellos que no quieren la separación pero están enojados por la actitud prepotente de su gobierno.

[ LEA TAMBIÉN: Cataluña independiente: el impacto económico de la posible separación de España ]

Si bien los catalanes tienen motivos para sentirse descontentos con Madrid, la resolución de su parlamento es un fallido ejercicio de la democracia porque surge de una interpretación exagerada de las elecciones parlamentarias regionales de septiembre por parte de los legisladores. Como a Cataluña se le había impedido celebrar el tipo de referéndum que hace poco Gran Bretaña autorizó para Escocia, sus partidos independentistas declararon que las elecciones parlamentarias servirían de sustituto. Obtuvieron la mayoría de las bancas pero sólo el 48 por ciento del voto popular.

Esto difícilmente demuestre sin lugar a dudas que los partidos independentistas habrían triunfado en un verdadero referéndum. Pero el presidente catalán Artur Mas sin embargo sostiene que el parlamento tiene “legitimidad” para instaurar una república catalana .

Rajoy sometió la resolución catalana a revisión del tribunal constitucional de España. Él y su gobernante Partido Popular participarán en las elecciones generales del 20 de diciembre y esperan obtener votos haciendo campaña por un enfoque intransigente respecto de los secesionistas. Eso podría significar suspender la autonomía de Cataluña, cortar el envío de fondos o pedir a los tribunales españoles que castiguen a dirigentes políticos específicos, incluido Mas.

Para aplicar estas medidas draconianas habría que recurrir al uso de la fuerza y eso sólo radicalizaría el debate por la independencia . El gobierno de Cataluña debería no poner en práctica la resolución parlamentaria de esta semana. Y Rajoy debería mostrar igual moderación durante su campaña electoral. Con un gobierno nuevo en Madrid tras las elecciones de diciembre, podría haber una oportunidad de comenzar de nuevo. El próximo primer ministro podría ver la prudencia de reiniciar las negociaciones sobre la autonomía de Cataluña. Mejor aún, el próximo gobierno debería ofrecer a los catalanes un camino para llegar a un verdadero referéndum, de modo que los argumentos a favor y en contra de la independencia se ventilen adecuadamente. Es una oportunidad que vale la pena esperar.