(AP).- El Congreso de Guatemala aceptó por unanimidad la renuncia del presidente Otto Pérez Molina en medio de una investigación de corrupción que ha sacudido a la clase política del país a tres días de que se celebren las elecciones presidenciales.

El vicepresidente Alejandro Maldonado, un exmagistrado conservador de 79 años y quien recientemente asumió ese cargo después de que su antecesora renunciara en el escándalo de sobornos y fraude fiscal, prestó juramento como nuevo Presidente del país.

“He pedido a todos los ministros y altos cargos de gobierno que pongan a disposición sus cargos”, dijo Maldonado de 79 años. “Voy a formar un gobierno transitorio que invite a todos los grupos sociales que están manifestando en las calles, que hagan propuestas de nombres de los jóvenes profesionales para formar la nueva administración”.

Esta crisis política sin precedente en la historia reciente de Guatemala tuvo lugar en una agitada semana en la que Pérez Molina fue despojado de su inmunidad, abandonado por los principales miembros de su gabinete, y en la que fue testigo de cómo su ex vicepresidenta Roxana Baldetti fue encarcelada para también ser juzgada.

Mientras Maldonado asumía el cargo, Pérez Molina se encontraba en un tribunal el jueves haciendo frente a acusaciones por recibir sobornos, y por verse involucrado en una trama de corrupción en la que presuntamente un grupo de empresarios pagaban dinero para evitar el pago de aranceles de importación y agilizar trámites, según la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG).

Pérez Molina, de 64 años, es el primer presidente de Guatemala en renunciar y aún no está claro si iba a ser detenido preventivamente. El ex general retirado y ahora exmandatario insistió en su inocencia en una entrevista con The Associated Press durante un receso en la audiencia judicial y dijo que comparecer al tribunal lo hacía sentirse “mal, esto es muy duro”.

“Yo tuve herramientas, puede haber sacado a la CICIG, pude haber cambiado a la fiscal, me pude haber atrincherado y no lo hice”, dijo en referencia al hecho de que pudo haber interrumpido la investigación y que no lo hizo.

La juramentación se registró horas después de que el legislativo aceptara de manera unánime la renuncia de Otto Pérez Molina, que presentó en la víspera.

Los 118 congresistas que se encontraban presentes en la sesión del Congreso votaron a favor de la aceptación de la dimisión. Se registraron 40 legisladores ausentes en la sesión plenaria.

Las elecciones del domingo enfrentan a un acaudalado empresario y político, Manuel Baldizón, frente a otros 13 candidatos, entre ellos un comediante sin experiencia política, una ex primera dama y la hija del dictador Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio. Si ninguno de los candidatos alcanza el 50% de los votos el domingo, una segunda vuelta electoral se llevará a cabo el 25 de octubre.

El legislador Ricardo Villate, del partido Líder de Baldizón, dijo que “es importante la calma del proceso electoral, las elecciones están muy cerca y hay que garantizar el debido proceso institucional. Será la historia la que juzgue a Otto Pérez y a Roxanna Baldetti. Nosotros debemos garantizar que la institucionalidad siga hacia delante”.

Al momento de la votación para aceptar su renuncia, Pérez Molina se encontraba en un tribunal asistiendo a una audiencia judicial, que se inició un par de horas antes con la lectura y explicación de las acusaciones de corrupción.

Amílcar Pop, diputado del partido indigenista de izquierda Winaq, dijo durante la sesión que con la renuncia de Pérez Molina “no se resuelve la crisis. Tampoco con el proceso electoral, hay demasiados candidatos investigados por la justicia debido a su corrupción. Hay diputados que responden a empresas, que son dependientes del dinero y los intereses más oscuros. Esto solo se resuelve con un proceso constituyente y una reforma profunda de muchas leyes”.

Sin embargo, para Joaquín Blanco, del partido Unidad Nacional de la Esperanza, “la institucionalidad está funcionando y esto es un gran paso para un país como Guatemala que sufrió un conflicto armado tan intenso. Lo que sucede hoy en el congreso es la desembocadura de una crisis”.

En declaraciones a The Associated Press, el exgobernante afirmó que las acusaciones en su contra tienen como base “dimes y diretes”. Y al ser consultado si alguna vez pensó que su presidencia terminaría así respondió categóricamente: “¡jamás!”.

Comparó su situación con el conflicto armado guatemalteco (1960-1996) “de lo peligroso que es utilizar decires y eso es lo que he visto hasta el momento”.

Durante la audiencia judicial, el fiscal José Antonio Morales hizo que se escucharan algunas de las escuchas legales en las que se basa la investigación adelantada por la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de la ONU. En las grabaciones se escucha a dos supuestos funcionarios que supuestamente explicaban cómo funcionaba dicha organización criminal.

Pérez Molina renunció y decidió presentarse ante el Tribunal luego de que el juez emitiera una orden de aprehensión para hacer frente a acusaciones de cohecho y fraude fiscal.

El ex mandatario ha negado todas las acusaciones en su contra y viste un traje azul, camisa a rayas y corbata roja. Durante la audiencia apenas ha realizado movimientos, y ha permanecido sentado mientras observa a los fiscales y abogados de la comisión que están sentados frente a él.

La audiencia inició con la lectura y explicación de las acusaciones de corrupción que provocaron la renuncia de Pérez Molina como mandatario de la nación centroamericana.

Poco antes, en una entrevista con una radio local, arremetió en contra de la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, organismos que han adelantado la investigación que provocó la renuncia de Pérez Molina a su cargo, diciendo que sus miembros “buscan protagonismo” y “llenar sus egos”.

También dijo que “no confía en la justicia de Guatemala”, que “está llegando con desventaja a los tribunales”. A las afueras del edificio del tribunal de justicia había gente con pitos y tambores manifestando en contra del ex gobernante.

La fiscal Thelma Aldana dijo el miércoles por la noche que lo que procede ahora es pedir la prisión preventiva de Pérez Molina.

La fiscalía y la CICIG anunciaron en abril la desarticulación de una presunta organización criminal integrada por funcionarios públicos aduaneros y particulares, que presuntamente recibieron sobornos de empresarios para que les ayudaran a evadir impuestos.

La estructura, denominada “La Línea” por ser una especie de “alternativa” para resolver trabas en importaciones y reducir el pago de impuestos, estaba supuestamente dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la ex vicepresidenta.

Al menos cien personas están siendo investigadas por el caso de “La Línea”. Entre ellas está Baldetti, quien tuvo que renunciar a su cargo en mayo y se encuentra detenida preventivamente, acusada de haber recibido al menos US$ 3.7 millones en sobornos, según la Comisión.