Durante la presente campaña electoral, cuando el debate se puso algo serio, de una manera u otra, el rol del Estado ha estado en el centro de la polémica. Más Estado pregonaban unos, menos Estado enfatizaban otros. Quizá el tema debiera zanjarse exigiendo un mejor Estado. Nadie puede estar contento con el funcionamiento actual de esta institución clave para la vida y el desarrollo del país.

Si bien las críticas se han concentrado en el desempeño del Estado, también se han lo han hecho en el empresariado y su conformismo por enfocarse en actividades extractivas. La desconfianza en la capacidad de nuestros altos ejecutivos por desarrollar negocios tecnológicos o con un mayor aporte en valor agregado se ha instalado en la ciudadanía.

El modelo imperante le ha reservado un papel modesto al Estado para permitir que las fuerzas del mercado rijan nuestros destinos y nos lleven al ansiado desarrollo. De hecho las criticas de empresarios, gremios y de algunos académicos pro modelo, culpan al Estado por el frenazo económico que padecemos. Se quejan, por ejemplo, del exceso de regulaciones, leyes y trabas burocráticas que dificultan las actividades empresariales, las cuáles se han venido promulgando a lo largo de los últimos quince años (curiosamente la década y media en la que más ha crecido la economía nacional).

Las propuestas que este sector ha puesto sobre la mesa para encaminar el crecimiento del país pasan por liberalizar las normas laborales, restringir las libertades de la burocracia para sancionar o regular la actividad privada, reducir algunos impuestos y mejorar la educación para incrementar el capital social. Al Estado, le piden que invierta en infraestructura, educación y seguridad. Nadie habla del papel que debiera jugar en un tema tan importante como el de promover e invertir en innovación. Algo, en lo que están seguros, los privados son más competentes.

Más allá de los problemas coyunturales, destacados economistas como Ricardo Hausmann o Ross Schneider aseguran que la escasa diversificación y reducido aporte tecnológico de nuestras exportaciones se debe a la incapacidad de nuestras elites empresariales para invertir en I+D+I.

“Para Schneider, la poca variedad de productos que producen los latinoamericanos –y la poca tecnología que agregan a los procesos- está vinculada a la existencia de grandes conglomerados familiares que dominan la economía. [Estos conglomerados] invierten muy poco en investigación: mientras Corea invierte el 3% de su PGB en Investigación y Desarrollo (I+D), Chile destina sólo el 0,4%. Y mientras en Corea la mayor parte de ese gasto lo hacen las empresas, en Chile solo aportan poco más del 30%. Es decir, el empuje para lograr un salto tecnológico es débil “y lo hace mayoritariamente el Estado”, enfatiza Schneider. Además, su poder sobre la sociedad es tan grande que tienden a transformarse en monopolios u oligopolios en los sectores que dominan, lo que significa que tienen capacidad de controlar los precios en el mercado. Debido a eso, afirma Schneider, aunque nuestra economía se llama “de mercado”, muchas decisiones cruciales no se toman en el mercado, sino al interior de los “grupos diversificados” y de acuerdo a sus intereses”.

Quizá por ello, existen tantas quejas sobre la forma en que el Estado regula estas actividades.

Semanas atrás, de acuerdo al relato de Ciper-Chile en “la CEPAL la economista Mariana Mazzucato, autora del superventas El Estado Emprendedor, ofreció una conferencia en la que rescató al Estado en su rol de motor de la innovación. Contra las ideas dominantes que lo pintan como arcaico e inútil, Mazzucato mostró que buena parte del éxito comercial de Apple, de la farmacéutica GlaxoSmithKline o de Google, tienen su origen en una cuantiosa inversión pública en investigación y no, como se cree, en el espíritu de aventura de algunos inversionistas. El capital de riesgo, afirmó, llegó a esos negocios cuando el riesgo ya había pasado. Para tener crecimiento sostenido -argumentó Mazzucato- es clave que el Estado asuma financieramente grandes “misiones” (al estilo del desafío norteamericano de llevar un hombre a la Luna), pues muchos sectores económicos se activan al intentar dar solución a los problemas que esas misiones plantean.” (http://ciperchile.cl/2016/04/19/la-economista-mariana-mazzucato-trae-de-regreso-al-estado-emprendedor/).

En el Perú al igual que en Chile, el Estado es el que lleva el esfuerzo de impulsar la innovación. Desde que en el 2007, se creara el Fondo para la Innovación Ciencia y Tecnología (FINCyT, hoy Innovate Perú), se han financiado 1750 proyectos de innovación.

Innovate Perú ha contribuido al desarrollo de una cultura de innovación en las empresas del país. De unos pocos proyectos presentados en las convocatorias del año 2007, hoy el promedio de participantes supera los 500 por vez. Además, se ha contribuido a crear un ecosistema de innovación con equipamiento de laboratorios, de certificadores, incubadoras de negocios

Las empresas ahora confían en las entidades académicas y de investigación. El 75% de los proyectos de las empresas vienen acompañados de estas entidades. Por otra parte, las entidades académicas y de investigación han reorientados sus investigaciones hacia problemas empresariales y han conformado grupos especiales para la atención de las empresas.

Por si esto fuera poco, se ha demostrado que invertir en innovación es, incluso, rentable para el Estado. Un cálculo realizado en base una muestra de proyectos financiados por Innovate Perú determinó que por cada dólar invertido por el Estado en estos proyectos, recupera 7.1 dólares a través de impuestos directos.

Donde se puede ver directamente la influencia de este programa es la forma exponencial en que han crecido el registro de patentes.

1990-1999: 89
2000-2009: 95
2010: 114
2011: 111
2012: 170
2013: 197
2014: 275
Fuente: Indecopi

Es decir, solo el último año triplica el número de patentes presentadas en toda una década (275 frente a 89 y 95). Por si esto fuera poco, en los últimos cinco años (2010-2014) se iniciaron 867 trámites de patentes, casi diez veces más que en la década del 90-99 y nueve veces más que la del 2000-2009. Fabuloso, no crees.

El trabajo del Fondo para la Innovación Ciencia y Tecnología (hoy llamado Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad – PNICP) es el único factor diferencial y la causa de este rápido incremento en la solicitud de patentes. Un índice clave para medir las capacidades I+D de un país.

Es claro que desde que maduró el programa que se inició el 2007 y que con el impulso del Fidecom en el 2008, se ha incentivado los proyectos de innovación. Uno de los resultados de este trabajo es el incremento de las patentes, no solo porque que en los últimos SIETE años (2007-2014) el FINCyT hayan financiado 1,180 proyectos, sino porque se ha mejorado muchísimo el ecosistema de innovación y los investigadores de las universidades están enfocándose al mercado.

Como vemos, el Estado viene todavía tímidamente poniendo su granito de arena. Los privados en cambio no encuentran la forma de sumarse a este esfuerzo. No lo consideran prioritario. Es el momento, entonces de que como sugiere Mazzucato, el próximo gobierno asuma financieramente una gran “misión” que ponga a los privados a pensar como desarrollar la tecnología para conseguirla. El problema radica, en que al parecer, ninguno de los contendientes al sillón de Pizarro tiene esta perspectiva.