SANEAMIENTO. El Gobierno se ha comprometido a luchar contra la pobreza con un arma que sus antecesores no priorizaron: lograr que toda la población del país tenga acceso al servicio de agua potable y alcantarillado. Para comenzar, el saneamiento será el rubro con mayores recursos en el Presupuesto Público del 2017 (S/ 2,439 millones), tendrá el mayor incremento con respecto al de este año (67.9%) y duplicará lo destinado para el que ocupa la segunda prioridad (educación).
Además, la reformulación de su normatividad forma parte del pedido de facultades legislativas, pues tal como actualmente está diseñado, el sistema de saneamiento hace agua por todos lados: la estructura y organización de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) es incoherente, el mantenimiento de las obras es casi inexistente y el gasto en nueva infraestructura es deficiente.
De las 50 EPS existentes, 48 son administradas por los municipios, que aplican criterios políticos en lugar de empresariales para manejarlas, un lastre funcional que solo podría eliminarse con la participación del capital privado y de las comunidades –que es una de las propuestas del pedido de facultades–. Pero también habrá que reorganizar todo el sistema, que fue concebido siguiendo criterios divorciados con la eficiencia de gestión. Por ejemplo, algunos departamentos tienen una EPS (Piura o Arequipa), mientras que otros tienen hasta cinco (Puno).
Si no se resuelven estas contradicciones –lo ideal sería una EPS por departamento, todas con gerencias que respondan a una única entidad autónoma–, la inversión en cobertura del servicio terminará siendo administrada por entidades que han demostrado su incapacidad para asegurar un servicio de calidad. Además, se tendrá que invertir en infraestructura y gestión de los residuos.
La responsabilidad será inmensa, pues se trata de un servicio que es considerado un derecho constitucional y cuyo impacto en la salud es significativo. En el ámbito rural, el 68.4% de la población tiene acceso al agua potable, porcentaje que se reduce hasta un preocupante 22.1% para la cobertura de alcantarillado. No bastará con reducir drásticamente estos porcentajes, pues también habrá que asegurar un manejo apropiado del servicio.
