SIMPLIFICACIÓN. “El sentido común es el menos común de los sentidos”, reza un dicho popular, y la administración pública ha sido siempre un claro ejemplo de ello. La infinidad de trámites sin sentido que se le exigía a los ciudadanos era vista claramente por todos, menos por la autoridad.

El primer paquete simplificador dado por el Ejecutivo en base a las facultades delegadas parece, por fin, aplicar el sentido común. Así, se ha decidido que las entidades de la administración pública de manera gratuita, a través de la interoperabilidad, faciliten el intercambio de información básica del administrado cuando esta sea necesaria de acuerdo a ley, para la tramitación de sus procedimientos administrativos y para sus actos de administración interna.

Esto significa, por ejemplo, que ya no deberá ser necesario presentar innumerables veces la copia del DNI o la partida de nacimiento en un trámite, pues todas las entidades tendrán acceso a la información que figura en el Reniec. Los jubilados tampoco deberán probar con documentos cada año que siguen con vida y así muchos actos similares, que incluyen la presentación de antecedentes penales y similares o el RUC.

Las medidas también incluyen un beneficio para las empresas que ya no tendrán que inscribir los contratos de trabajo o de capacitación en el Ministerio de Trabajo —lo cual implicaba un costo global promedio de S/ 100 millones anuales—, pues esa información figura de manera obligatoria en la planilla electrónica que todos los meses deben llenar.

Estas medidas que pueden parecer tan simples y lógicas son importantes para que al interior del Estado se vaya tomando conciencia de que deben trabajar como una unidad y no como compartimentos estancos, que deben colaborar unas con otras para el mejor desarrollo de sus funciones y que el centro de su labor es el ciudadano y no al revés. Por parte del ciudadano, el compromiso deberá ser mantener la información lo más actualizada posible y actuar de buena fe, pues muchas de las exigencias surgen como consecuencia de malas prácticas.

Según información oficial, se han detectado 272 medidas sectoriales de ordenamiento donde existe duplicidad de funciones. La meta del Ejecutivo debería ser acabar con ellas y evitar que esto se vuelva a repetir.