DELINCUENCIA. Una encuesta de Pulso Digital revela que, en enero, el 81% de los limeños sentía que la delincuencia había aumentado. Si bien se trata de una percepción, las noticias de cada día le dan una base real a esta sensación. Incluso el ministro del Interior, Carlos Basombrío, al ver las cifras del INEI sobre la percepción de la ciudadanía respecto a la vigilancia policial, le escribió al director general de la Policía para “expresarle su preocupación”, pedir los planes de patrullaje de las comisarías y “solicitar que se realicen las acciones necesarias para que al mes de marzo un 25% de la población perciba que hay vigilancia”.

Es cierto que combatir la inseguridad ciudadana es una tarea de largo plazo que difícilmente puede resolverse en siete meses. El Gobierno ha dado algunos pasos en ese camino, como repotenciar el tema de las recompensas, eliminar el 24 × 24 y la asignación de un mayor número de vehículos para el patrullaje. Sin embargo, aún no hay una clara percepción de que la situación mejore. Por tanto, puede ser el momento de repensar algunas de las acciones emprendidas y hacer ajustes en la estrategia.

Por ejemplo, según una encuesta realizada por Integración, el 90% de las personas quiere que el serenazgo pueda realizar arrestos, aun cuando no está de acuerdo con que usen armas letales, y ello es porque en muchos distritos el sereno es una figura tan accesible que incluso uno conoce a la persona que cuida la cuadra. Es decir, hoy el sereno es más cercano que el policía y responde a las llamadas de manera más rápida.

Tanto el primer ministro como el titular de Economía han anunciado un nuevo shock de inversiones para que la economía crezca más de 4%, lo que desde esta columna hace una semana planteábamos como la necesidad de contar con un plan B frente a los acontecimientos que afectaron las proyecciones. En materia de seguridad se requiere otro tanto. Lo hecho hasta ahora si bien ha sido bueno en parte, aún dista mucho de los resultados esperados en el corto plazo. En el caso de la lucha contra la inseguridad se requiere una labor coordinada y eficaz entre el Mininter, los municipios, la Fiscalía y el Poder Judicial. Si no se logra cerrar ese círculo, será poco probable lograr efectos a largo plazo.