NUEVOS PRESIDENTES. Si bien el periodo de la presidencia de los organismos reguladores culminó en febrero de este año, recién hace unos días se ha logrado cubrir todas las plazas necesarias. En el primer concurso solo se pudo nombrar al titular de Sunass, pero hoy Osinergmin, Ositran y Osiptel ya cuentan con presidentes. Respecto a la elección, quizá valdría la pena una explicación por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros —para evitar suspicacias posteriores—, pues el elegido para Osinergmin quedó descalificado en la primera elección que fue declarada desierta.

El contexto en el que los nuevos titulares están asumiendo sus labores no es sencillo, a la desconfianza natural que tienen los consumidores frente a las entidades prestadoras de los servicios públicos, se suma el pobre desempeño que han tenido algunos de los organismos reguladores ante las fallas o abusos que cometen dichas empresas. Además, los casos de corrupción que se han ido develando en los últimos meses muestran, en el mejor de los casos, que los reguladores carecen de las herramientas necesarias para impedirlos, y en el peor de los casos nos han mostrado que podrían estar directamente involucrados, como sucede con un expresidente de Ositran.

Todos los reguladores deben buscar la manera de mejorar los servicios en su sector y acompañar al Gobierno en su empeño por destrabar los grandes proyectos de inversión, pero cada uno tiene sus peculiaridades. En el caso de Sunass, debe asegurar una adecuada gestión del agua y supervisar las tarifas. Osinergmin deberá tratar de simplificar la regulación existente en beneficio de usuarios e inversionistas. Ositran quizá tendrá una de las labores más visibles, pues muchos de los proyectos trabados están en su sector, la Línea 2 del Metro y la adenda para el aeropuerto Jorge Chávez deberían estar entre sus prioridades. Finalmente, Osiptel debe seguir fomentando el ingreso de nuevos operadores para generar mayor competencia.

Pero en la primera línea de acción de todos los reguladores deberá figurar la necesidad de hacer los cambios necesarios para luchar contra la corrupción. Para ello deben mantener independencia, tanto frente a las empresas que supervisan como al Estado que otorga las concesiones, pues su mayor preocupación deben ser los usuarios. Por eso no basta con los presidentes, sino que los miembros que se nombren para integrar el Consejo Directivo de cada entidad también deben ser los más pertinentes y su elección debe ser lo más transparente posible.