LUCHA ANTICORRUPCIÓN. Hace diez días, desde estas líneas saludamos la decisión del Ejecutivo de buscar mecanismos que pudieran asegurar al Estado la recuperación del dinero que le fue sustraído a través de la corrupción, mediante la publicación del Decreto de Urgencia 003, pero también advertimos que se trataba apenas de un primer paso que debía ser acompañado de otras medidas, que aún no se han dado.

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A pesar de la premura del tema, han pasado ya once días y el Ministerio de Justicia no ha dictado las medidas necesarias planteadas en el Decreto de Urgencia 003 para su implementación, lo que en la práctica impide su aplicación, pues no se pueden constituir aún los fideicomisos. Esta actitud deja flotando la duda sobre si la norma fue bien meditada al interior del Gobierno o fue, principalmente, una respuesta a la presión que enfrenta.

El país requiere que la lucha contra la corrupción se lleve adelante desde dos dimensiones. La primera, es que se generen todos los mecanismos y controles necesarios para que este y otro tipo de actos ilícitos nunca vuelvan a ocurrir. La segunda, es lograr conocer todos los actos de corrupción que se puedan haber generado en los últimos años para sancionar a los culpables y obtener los recursos que le fueron robados al país. Desde esta última mirada, resulta iluso creer que Odebrecht ha sido la única empresa involucrada, más aún cuando muchas de las empresas que ya han firmado acuerdos de delación en Brasil también han trabajado en el Perú.

El juez brasileño Sergio Moro acaba de señalar en Lima, que “debe estimularse a las empresas que deciden colaborar con la justicia y reconocer sus delitos y no castigarlas más que a aquellas que no colaboran”, esta sugerencia no parece estar siendo tomada en cuenta por el Gobierno. Actualmente, es un secreto a voces que la Fiscalía no está satisfecha con todos los aspectos regulados en el Decreto de Urgencia, pues en la práctica está dificultando su estrategia para lograr que otras empresas se acojan a la colaboración eficaz.

Si el Decreto de Urgencia se convierte en una traba para que se conozca nueva información que vincule a otras empresas y permita sancionar a otros funcionarios o políticos involucrados, el Gobierno y la fiscalía tendrá que repensar su estrategia.