REFORMA JUDICIAL. El Ejecutivo en su pedido de facultades planteó medidas contra el lavado de activos y para la lucha contra la corrupción, aunque por lo sucedido ayer en la Comisión de Justicia estas no tendrán luz verde, pues la bancada fujimorista bloqueó dichas propuestas. Simultáneamente, no se percibe un esfuerzo de reforma o al menos de renovación en el Poder Judicial o el Ministerio Público más allá de algunas acciones aisladas.

El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, se ha comprometido a impulsar un Acuerdo por la Justicia en el que participarán todos los involucrados en el tema (Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, etcétera). Si bien es destacable que se busque la mayor participación posible al momento de plantear aportes y propuestas de reforma, sobre todo tratándose de un Poder constitucionalmente autónomo, lo cierto es que muchas veces estos espacios de diálogo solo sirven para dilatar los procesos pues lograr consensos no siempre es fácil.

No es la primera vez que se plantea la necesidad de una reforma en el Poder Judicial (PJ) y, lamentablemente, es muy poco el espíritu de cambio que se encuentra en una institución que, por lo general, considera que su problema se reduce a un tema de presupuesto.

Un pequeño ejemplo se puede evidenciar en el proyecto de ley planteado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que busca asumir las funciones disciplinarias de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), órgano interno del PJ. La propuesta puede recibir múltiples críticas (la forma de composición del CNM, su nivel de efectividad, etcétera), pero lo cierto es que la OCMA tampoco ha mostrado ser eficiente al momento de sancionar magistrados y no hay proactividad en el Poder Judicial para plantear otras propuestas alternativas.

La administración de justicia está desprestigiada en el país, y por ello los jueces son mirados con recelo por la población. Sin duda, debe contar con algunos buenos elementos, pero mientras no sean capaces de una mirada autocrítica, de sancionar ejemplarmente a aquellos magistrados y operadores judiciales corruptos, de utilizar todos los avances tecnológicos en beneficio de la población y supeditar las mejoras económicas a sus resultados será poco el avance real que pueda ver el país en lucha contra la corrupción.