CONTRALOR. Cuando en junio del año pasado la Comisión Permanente del Congreso aprobó la designación de Édgar Alarcón, propuesto para el cargo de contralor por el presidente Ollanta Humala, lo hizo con la oposición del fujimorismo y el aprismo, quienes dudaban de su independencia, incluso anunciaron la presentación de una denuncia constitucional.

Sin embargo, dicha denuncia fue finalmente retirada y el presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, anunció que apoyaría al nuevo contralor en sus funciones. Pero la luna de miel duró muy poco. A menos de un mes de haber asumido el cargo, las fricciones entre el Ejecutivo y el contralor se hicieron evidentes. Por el contrario, el fujimorismo empezó a mostrar su apoyo a todos los anuncios que hacía el contralor.

Esta semana una denuncia contra Édgar Alarcón, planteada en agosto del año pasado, vuelve a saltar a la primera plana. Alarcón, siendo aún vicecontralor estuvo involucrado en un negocio de compra y venta de autos que nunca fue declarado. En su momento la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales revisó el caso y todos sus miembros— 8 de Fuerza Popular, 2 de Frente Amplio, 2 de Peruanos por el Kambio (Gino Costa, Juan Sheput), 2 de Acción Popular y 1 del Apra— votaron por el archivamiento.

Aun cuando se intente soslayarlo, es inevitable ver una conexión entre la actualización de la denuncia y el resultado del informe de la Contraloría sobre el caso Chinchero. Si existía una legítima preocupación por el caso, los congresistas Costa y Sheput pudieron insistir para que el tema fuese visto por la Comisión Permanente del Congreso o alertar a la opinión pública en caso de dudar de la investigación.

Ninguna denuncia debe quedar sin investigar solo por meras formalidades. Sin embargo, ninguna denuncia debe ser utilizada para cubrir los temas de fondo, en este caso lo sucedido con la concesión del aeropuerto de Chinchero o las investigaciones que está realizando la Contraloría en otros casos.

La corrupción es mala, venga de donde venga, pero el oportunismo le resta valor a cualquier denuncia y eso es algo que ni el Congreso, ni el Gobierno, ni la Contraloría deben olvidar. El Congreso tiene que pronunciarse; la Fiscalía anticorrupción debe investigar de manera célere, pero el Gobierno no debe olvidar que el Parlamento también investigará el caso Chinchero, incluida la adenda.