LEY CONTRA LOS MEDIOS. Si de algo están convencidos los peruanos es de la importancia que tiene la libertad de expresión y la libertad de prensa. Las personas pueden estar de acuerdo o no con lo que se dice o se publica, pero la libertad de expresión permite que cada quien pueda dar su punto de vista, que se generen debates y que cada parte pueda exponer los fundamentos de sus ideas.

Y en ejercicio de dicha libertad, la semana pasada las congresistas de Fuerza Popular, Úrsula Letona y Alejandra Aramayo, tuvieron los espacios para explicar su polémico proyecto sobre control de los medios de comunicación. Junto a ellas, se escucharon las voces de especialistas y políticos que no solo hablaron de la inconstitucionalidad de la iniciativa y de lo peligroso que era para la libertad de prensa, sino que para algunos el texto trajo remembranzas de las épocas en que se buscaba acallar por cualquier método posible a los medios de comunicación.

Quizás por los argumentos expuestos en esas presentaciones o tal vez por el golpe dado por Nicolás Maduro en Venezuela, que trajo a la mente lo ocurrido en el Perú el 5 de abril de 1992, el proyecto fue retirado y en su lugar se presentó otro, pero igual de criticable. Si bien ya solo se impide formar parte de la dirección de un medio a los condenados por corrupción, aún se insiste en que su razón de ser es “garantizar el derecho a la información objetiva, veraz, plural y oportuna de la sociedad”, y bajo esta premisa puede justificarse cualquier tipo de censura, como bien han señalado el Consejo de la Prensa Peruana y la SIP.

Lo cierto es que son los ciudadanos los que realmente ejercen poder frente a los medios de comunicación. Cuando cuestionan la integridad de un medio dejan de consumirlo, no lo compran, cambian de canal, de dial o de página web. Si años atrás la posibilidad de informarse era muy limitada, hoy la globalización y el Internet han permitido ampliar la gama de medios por los cuales las personas pueden acceder a contenidos, es más, también se han abaratado los costos, como por ejemplo para crear una página web.

Además, cuando una persona (incluidas las empresas) siente que un medio falta a la verdad tiene diversos mecanismos para accionar, desde pedir la rectificación al medio, hasta demandar judicialmente al medio o al periodista, lo cual incluye la cuestionable sanción de pérdida de la libertad. Ya son varios los periodistas o columnistas que han sido sentenciados por expresar sus opiniones.

El poder de decisión está en manos de los ciudadanos y nadie debe quitárselo.