PROGRAMAS SOCIALES. La política social ha sido sometida a múltiples evaluaciones y reestructuraciones, dirigidas a mejorar la eficiencia del gasto y solucionar problemas como las filtraciones –la presencia de personas que se benefician sin cumplir los criterios establecidos por las normas– y la subcobertura. Pero los anuncios de remodelación no son complementados con información de sus resultados. Es decir, se informa de la partida, pero rara vez se conocen detalles de la llegada.

Esa falta de coherencia comunicacional persiste en el actual Gobierno. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ya tiene varios plazos que, al parecer, no ha cumplido. El principal es el referido a la revisión de la metodología de clasificación socioeconómica, que es utilizada para definir si una persona o familia debe acceder a los servicios de los programas sociales y la primera debió haber estado lista “en un plazo no mayor a 120 días”.

Ese tiempo ya transcurrió, porque la norma en cuestión fue emitida a principios de noviembre del año pasado. Hay otras acciones cuyos avances se ignoran, como, por ejemplo, la elaboración de un plan anual de auditorías o los mecanismos para intercambiar información electrónica de los beneficiarios. Tal vez la emergencia provocada por El Niño desvió la atención del Midis y obligó un replanteamiento de prioridades.

A propósito de la crisis climática, sería de gran utilidad que el Gobierno identifique cuántos damnificados tendrán que ser incluidos en algún programa social, al menos temporalmente, considerando el elevado número de familias que perdieron sus viviendas y sus medios de subsistencia. Sería importante que esos datos se hicieran públicos, aunque es de suponer que todavía no se ha culminado el empadronamiento a los posibles beneficiarios.

El Gobierno no solo está manteniendo esa falta de orden en la aplicación de la política social, sino que también está replicando el estilo de sus predecesores y creando nuevos programas. Es el caso de Prospera, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de 3.5 millones de personas en situación de pobreza y pobreza extrema en zonas urbanas. Pero no todo se reduce a anuncios, pues el Gobierno está trabajando en la prevención de los efectos del friaje en la sierra, algo que en el pasado no solía hacerse. Quizás la experiencia adquirida con las emergencias esté sirviendo para ordenar el gasto social.