POLÍTICA FISCAL. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó la nueva versión del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) para el periodo 2016-18, que contiene cifras revisadas respecto del elaborado en abril. Como se esperaba, se redujo la proyección del crecimiento del PBI, de 4.2% a 3%, explicada principalmente por una caída de 4.5% de la inversión privada.
Aunque se justifica esa reducción en una tendencia a nivel latinoamericano –la región lleva cinco años de desaceleración, en tanto que el Perú solo uno y medio–, también existen factores políticos, como veremos más adelante.
El MMM informa que el sector público suplirá la retirada del capital privado con una política fiscal “moderadamente expansiva”, que generará déficits fiscales entre este año y el 2018 (por lo menos). Es clara la preocupación del MEF por el uso de los recursos del Tesoro, pues los gobiernos subnacionales (regionales y municipales) continúan gastando menos de lo presupuestado. En julio, por ejemplo, tanto el gasto como la inversión públicos cayeron, respecto del mismo mes del 2014.
¿Cómo se pretende atacar este problema? El primer decreto legislativo en el marco de las facultades para estimular la economía –publicado el 4 de julio– apuntó precisamente a mejorar el gasto, pues autoriza la reasignación de recursos desde las entidades con alta subejecución hacia las que presentan una demanda efectiva de ejecución. El riesgo que existe es que los cambios metodológicos para el cálculo de la regla fiscal no permitirían distinguir entre gasto corriente e inversión pública.
Más allá del peligro que conllevaría un aumento del gasto en programas sociales –que son un imán en años electorales–, cabría preguntarse si será suficiente con que el MMM establezca los nuevos estimados de gasto y déficit fiscal para que estos se hagan realidad. Es que ya se ha comprobado que, en la práctica, los mandatos no se cumplen, por más que provengan del MEF.
Lo que la política económica que busca enfatizar este despacho no tiene, es voluntad política y liderazgo. En otras palabras, el problema no es la capacidad técnica del ministro Alonso Segura, sino el respaldo que estas medidas necesitan recibir del presidente Ollanta Humala.
