MINERÍA ILEGAL. Una de las propuestas más ambiciosas del Ejecutivo, al inicio de su Gobierno, fue tratar de reordenar el sector minero erradicando la minería ilegal y formalizando a los artesanales. Para ello, se dictaron normas y se establecieron plazos, que luego fueron prorrogados (como sucede siempre), pero finalmente no ocurrió nada. Si bien se presentaron 75,372 declaraciones de compromiso (declaración jurada mostrando voluntad de formalizarse), solo a 16 se les emitió una autorización de inicio/reinicio de actividades de exploración, explotación y/o beneficio de minerales en el 2014, según cifras de la Defensoría del Pueblo. Mientras que los mineros ilegales siguieron actuando.
En su momento, saludamos la decisión del Gobierno, pero advertimos de que para que el mensaje tuviera validez, debía contarse con los recursos necesarios para implementar una fiscalización real. No basta con tener la voluntad de formalizar, hay que demostrar que no se permitirá la informalidad. Eso no ha sucedido. No solo no se ha llegado a formalizar ni al 1%, sino que la producción informal sigue generándose y ahora se exporta por países vecinos como Bolivia.
En su último año de Gobierno, el Ejecutivo ha decidido reconocer que el proceso de formalización no ha logrado los objetivos que se planteó y, dado que no obtuvo facultades para legislar en esta materia, presentará al Congreso, en las próximas semanas, una propuesta de medidas necesarias para perfeccionar la normatividad.
Esperaremos a ver los cambios que se quieren realizar para saber si han podido analizar a conciencia qué es lo que ha pasado y por qué no funcionó el proceso de formalización. Además de facilitar la formalización, es indispensable que los involucrados sientan que es más caro mantenerse en la informalidad, y para ello se requiere redoblar la fiscalización para impedir que sigan trabajando. ¿En qué quedó la fiscalización de las empresas que les compran a los informales y a los ilegales?, ¿cómo va el seguimiento a la gran maquinaria e insumos que muchos de estos utilizan?
El Gobierno debe entender que la lucha contra la minería ilegal no puede tener tregua y que frente a los informales se requiere replantear la estrategia y revisar los requisitos.
