Demoras. La segunda etapa del proyecto Majes-Siguas, en Arequipa, puede considerarse el ejemplo más elocuente de las demoras que las trabas burocráticas ocasionan en los megaproyectos de infraestructura. La concesión fue adjudicada el 13 de setiembre del 2010, dos días antes de la fecha programada originalmente, pues había que adelantarse a una resolución del Poder Judicial que ordenaba la suspensión de la entrega de la buena pro.

Ese fallo fue consecuencia de las protestas de los pobladores de la provincia cusqueña de Espinar, a quienes los agitadores de siempre les hicieron creer que el proyecto les dejaría sin agua –su objetivo es el trasvase de aguas, lo cual no significa secar el cauce de ningún río–.
La falta de decisión de las autoridades retrasó el diálogo y tuvieron que pasar varios años para que este conflicto social se resolviera.

Pero la forzada paralización de las obras no debió ser motivo para que otras entidades estatales congelasen sus respectivas obligaciones. Por ejemplo, el Gobierno Regional de Arequipa tenía que constituir un fideicomiso para respaldar el equilibrio financiero de la concesión, en tanto que el Ministerio de Cultura tenía que emitir un certificado de inscripción de restos arqueológicos.

Hasta el MEF y ProInversión están “colaborando” con las demoras, pues en sus manos están los trámites necesarios para suscribir el texto único ordenado del proyecto. Así las cosas, se han suscrito adendas al contrato de concesión con nuevas fechas para el inicio de las obras, la más reciente este mes, con lo que se estima que la primera piedra sea colocada en junio.

En suma, han pasado cuatro años y medio, periodo que ha incrementado en 30% el presupuesto hasta US$ 550 millones, aunque los costos son
mayores: las 46,000 hectáreas de tierras nuevas ya deberían estar produciendo, pero habrá que esperar cuatro años más, que es el tiempo que tomará la construcción de la infraestructura de riego. Encima, todavía no se convoca la concesión de la parte energética del proyecto. Es claro, entonces, que el mayor lastre de los megaproyectos es el propio Estado. ¿Hasta cuándo?