ELECCIONES 2016. Sorpresa y confusión es lo que sienten los peruanos frente a lo que está sucediendo en el actual proceso electoral, falta casi un mes para las elecciones presidenciales y las autoridades electorales aún no terminan de definir quiénes son los candidatos aptos para ser elegidos.

El pasado viernes, el Jurado Electoral Especial (JEE) emitió dos resoluciones, la primera para excluir de la contienda a César Acuña por haber regalado dinero a los electores, hecho prohibido por la ley.

En la segunda, el JEE, cambiando de criterio, decidió declarar improcedente la inscripción de la lista presidencial del partido Todos por el Perú, argumentando que al momento de admitir la inscripción, no conocía el fallo definitivo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Jurídicamente será muy difícil defender esta resolución, sin embargo, será el JNE el que deba ver la apelación presentada.

Esperamos que en ambos casos, tal como lo hemos señalado antes, el JNE siga la línea de sus fallos anteriores y resuelva los temas conforme a ley.

Sin embargo, es innegable que quede flotando un cierto aire de desconfianza. La demora en las resoluciones, los fallos contradictorios y la falta de comunicación transparente no han colaborado. El JNE ha tenido que emitir un comunicado para exigir “a todos los actores políticos el respeto por sus decisiones” y el JEE eligió informar sobre sus resoluciones a través de una entrevista en su propio canal, ¿es esa la manera de transmitir tranquilidad al país?

Las críticas a la legislación electoral y a las autoridades que la aplican pueden ser muchas, pero los partidos políticos deben ser los primeros en usar las vías legales para manifestar sus desacuerdos, llamar a las calles y gritar que existe fraude con base en especulaciones y sin presentar pruebas concretas deja mucho que desear sobre su espíritu democrático.

Los políticos deben trabajar para resguardar la democracia y recordar que en este caso si se juega con fuego somos los peruanos los que podríamos terminar quemados. Por otro lado, terminado el proceso electoral las autoridades, por decoro, deberían renunciar, pues, en su momento, no supieron lograr los cambios legales necesarios para evitar los problemas que se han generado.