En su discurso de inauguración del proyecto de irrigación Majes-Siguas II, hace dos semanas, Ollanta Humala arremetió con dureza contra las juntas de usuarios (antes juntas de regantes), que son las encargadas de administrar el recurso hídrico y que según sus palabras, “no rinden cuentas al Estado de la plata que cobran por el agua”.

El mandatario aseguró y repitió, ante el aplauso general, que no privatizará el agua, porque “es de todos”. El problema es que el esquema bajo el que es distribuida en el agro está lleno de ineficiencias generadas por el compadrazgo y el secuestro de las juntas por grupos que se mantienen enquistados en los puestos donde se toman las decisiones. Ciertamente, este sistema es la antítesis de los modelos de distribución de recursos escasos en una economía de mercado.

Es lógico pensar que si los agricultores pagan un derecho por utilizar infraestructura que ha sido construida por el Estado, quienes la administran deben informar a las autoridades qué destino le dan a esos fondos, pero en el agro la lógica no siempre funciona. Por cada ejemplo de modernidad y avance tecnológico, existen muchos otros que no han evolucionado. El uso del riego por gravedad es la muestra más contundente de la obsolescencia con que se trabaja la tierra en gran parte del país.

Otro obstáculo que frena el avance del agro es precisamente la debilidad de las formas de asociación. “La desconfianza y la diferencia de intereses entre los productores, impone numerosos obstáculos a la organización para la gestión eficiente, generar economías de escala y mejorar la productividad de las unidades de producción agraria”, concluye al respecto el Plan Estratégico 2012-2016 del Ministerio de Agricultura y Riego.

El gran problema del sector es que no se ha logrado pasar de los diagnósticos a la aplicación de soluciones, lo cual evidencia una alarmante sequía de ideas eficaces. Si las juntas de usuarios no rinden cuentas, pues hay que regular su trabajo, y si las asociaciones agrarias son débiles, hay experiencias internacionales que pueden replicarse. No es necesario privatizar el agua para riego, pero sí es urgente aplicar esquemas de mercado para su manejo.