ASISTENCIALISMO. El enfriamiento de la economía, el paquete lanzado para devolverle brío, la corrupción en los gobiernos regionales y los escándalos políticos han reducido el interés en el gasto social. Las noticias de millones de soles y de creaciones de subprogramas, como los que anunció el presidente Ollanta Humala el 28 de julio, ya no llaman la atención. Y en vista de que no han habido más intoxicaciones en Qali Warma, todo parece estar funcionando bien.
Pero, ¿está todo ok? La información disponible no ayuda al análisis y los balances elaborados por las propias instituciones responsables ocupan demasiado espacio en autoalabarse y casi nada en autocrítica. Más allá de estos vacíos, lo que preocupa es que el grueso del gasto siga concentrado en programas asistencialistas. En otras palabras, el ministerio encargado está enfocado en la inclusión social y ha relegado el desarrollo social.
El Midis está manejando S/. 3,430 millones (21% más que en el 2013) en Cuna Más, Qali Warma, Pensión 65, Juntos y Foncodes. Los cuatro primeros son de alivio de la pobreza y reciben el 94% del presupuesto, mientras que el quinto, que sí está orientado al desarrollo de capacidades productivas de los beneficiarios, se las arregla con el 6% restante.
Volviendo a los resultados, cabría preguntarse, por ejemplo, cuántos graduados tiene el programa Juntos. La titular del Midis, Paola Bustamante, ha dicho que “pocos”. En el 2011 se diseñó una estrategia al respecto, consistente en un proceso en el cual Juntos acompaña a la familia para que desarrolle su potencial aprovechando sus capacidades y recursos y se inserte al mercado sin recaer en la pobreza. A la fecha, no hay novedades.
No se puede soslayar el impacto del gasto social en las familias con menos recursos –aunque el crecimiento del PBI ha sido el principal responsable de la reducción de la pobreza–, pero el riesgo de entregar pescado en lugar de enseñar a pescar es que los beneficiarios encuentren que perpetuarse como tales es un incentivo tentador. Reducir ese riesgo es el gran desafío que la política social del Gobierno no ha asumido.
