Editorial de Gestión: La reforma que no reformó nada

Las reformas incompletas no funcionan. La incapacidad del Gobierno para prever el desenlace que hemos visto desde el año pasado ha convertido una reforma necesaria del sistema de pensiones en una políticamente inviable.

PENSIONES. Las reformas incompletas no funcionan. Eso ha ocurrido con la que se emprendió en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) pues, para empezar, el Gobierno olvidó por un momento la existencia del otro gran sistema que también administra pensiones: el que tiene a su cargo llamado Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Un sistema anacrónico que necesita una reestructuración completa y urgente.

Solamente la holgura de la caja fiscal podrá evitar su eventual colapso. Y cuando ese momento llegue seremos los contribuyentes quienes pagaremos la jubilación de sus afiliados. Pero los problemas no se limitan solo a las omisiones. El sistema de subasta empleado para introducir mayor competencia en el SPP –bajo el cual la AFP que ofreció menores comisiones ganó el derecho exclusivo de inscribir a los nuevos afiliados hasta el 31 de enero del 2015-, ha probado ser un fiasco. No solo porque las comisiones no son el único factor que ponderan los aportantes a la hora de escoger donde ahorrarán para su vejez (quizás prefieran basarse en la rentabilidad de sus fondos, por ejemplo); sino que se les está privando de esta decisión, dentro de un sistema que ya es coercitivo por sí mismo.

Si el Gobierno tenía pensado introducir cambios que iban a afectar dramáticamente la vida de un grupo de personas, lo razonable es que estos cambios se hayan planteado gradualmente, con una extensa campaña de información y -¿por qué no?- con algunos incentivos temporales. La incapacidad del Gobierno para prever el desenlace que hemos visto desde el año pasado ha convertido una reforma necesaria en una políticamente inviable.

A estas alturas, lo mejor que puede hacer el Gobierno es aceptar su derrota y replegar filas con el fin de repensar esta reforma con el tiempo y cuidado que merece. Empujarla contra la corriente no es la mejor forma de implementarla. En este contexto, la chilena Habitat podría demandar al Estado peruano por incumplimiento de contrato. Si gana, ¿quiénes creen que terminaremos pagando los platos rotos? Como siempre, nosotros, los contribuyentes.

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