REACTIVACIÓN. Del paquete de medidas para reactivar la economía peruana, impulsado por el Ejecutivo hace una semana, ningún aspecto ha sido materia de tanta controversia como el ambiental. Y de los cambios introducidos por el gobierno, y aprobados ayer por la Comisión de Economía del Congreso, quizás el más polémico sea el que rebaja las multas del OEFA en 35% durante 3 años.

De acuerdo al ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, sin embargo, este cambio no tendrá efecto alguno en realidad pues, en la práctica, estas medidas ya están incorporadas. Por ejemplo, el promedio de las sanciones impuestas desde que se creó el OEFA es de 68.3 UIT y solo en 5 casos ha impuesto multas por encima de 1.000 UIT. Además, las multas más altas para las empresas formales tienen un tope de 15.000 UIT, ya 50% menor a los 30.000 UIT permisibles.

Es decir, solo se estaría estableciendo en el papel lo que ya ocurre en la práctica. Por lo que, hasta ahora, se puede decir que se está elevando la transparencia y la predictibilidad de las sanciones ambientales sin realmente recortar la labor fiscalizadora, como también ha admitido la OEFA. A fin de cuentas, además, tanto las empresas privadas como los ambientalistas estarán de acuerdo en priorizar medidas correctivas a las sancionadoras.

Preocupa un poco más que la creación de Zonas Reservadas, el Ordenamiento Territorial y los Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles se determinen en el Consejo de Ministros, incorporando a otros sectores con intereses diferentes al de cuidar el ambiente. Pero acá también el ministro ha explicado que actualmente se necesita la autorización del Consejo de Ministros para declarar cualquier zona como reservada y que este proceso es uno sumamente lento y riguroso.

De lo que se trata es buscar un equilibrio entre la protección ambiental y la inversión privada. Pero no debemos olvidar, como ciertos grupos de intereses de ambos bandos pretenden, que cada una es tan importante como la otra.