PESO BUROCRÁTICO. El paquete promotor de la inversión que lanzó el Gobierno no discrimina entre tipos de empresas, lo cual es saludable. Pero existe un grupo de ellas que por su actividad necesita de un impulso extra: son las exportadoras de bienes no tradicionales, que tienen que competir con proveedores de todas partes del mundo en desigualdad de condiciones.

No nos referimos a la calidad de los productos –que en muchos casos es superior a la de sus competidores–, sino a la estructura de sus costos, particularmente de aquellos relacionados con los trámites que deben realizar para concretar sus envíos. La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) advierte que es inaudito que las empresas tengan que asumir una infinidad de trámites, demoras injustificadas e incluso decisiones arbitrarias de la administración de salud, impuestos, trabajo, inspecciones de seguridad y nuevas regulaciones.

En vista de que deben ofrecer precios atractivos, buena parte de estos sobrecostos tiene que asumirse como una externalidad y, por ende, excluirse del precio de mercado del producto y cargarse a otras cuentas en los estados financieros. En otras palabras, el peso de la burocracia está restándole atractivo a la exportación como alternativa de expansión empresarial.

Ahora que el Ejecutivo ha puesto las barbas en remojo en el tema de la competitividad –en otros como las universidades o mantener ministros cuestionados sigue en sus trece–, sería inteligente que considere que será un acierto dejar de complicarles la vida a los exportadores no tradicionales.

Continuando con el Ejecutivo, hay que ponerse más enérgico para que Ecuador levante las restricciones que ha impuesto a las exportaciones no tradicionales peruanas, cuyos envíos a ese país se han reducido en US$ 120 millones en lo que va del año, según la Cámara de Comercio de Lima, aunque en el Gobierno no comparten ese estimado.

El BCR proyecta que nuestros envíos con valor agregado crecerán 6.5% este año. Es una buena noticia, dadas las circunstancias, pero los números positivos no pueden distraer la atención: los sobrecostos son excesivos y es una obligación del Gobierno reducirlos todo lo posible.