El editorial de Gestión: “Ni pensar en retroceder”

Estamos entrando en la etapa más crítica de las reformas estructurales que el gobierno de Ollanta Humala ha emprendido: el servicio civil, la salud y el sistema privado de pensiones.

Cambios estructurales. Estamos entrando en la etapa más crítica de las reformas estructurales que el gobierno de Ollanta Humala ha emprendido: el servicio civil, la salud y el sistema privado de pensiones. En primer lugar, porque ya ha pasado más de la mitad de su mandato y los pasos iniciales dados tras la promulgación de las correspondientes normas legales han sido tímidos. Incluso, en el caso de las AFP se dio marcha atrás cuando se pospuso la afiliación obligatoria de los trabajadores independientes.

El segundo factor que explica la premura por avanzar es que la atención del Gobierno Nacional –que suele desviarse en cuestiones coyunturales a veces irrelevantes– estará enfocada en recuperar la popularidad del presidente en las encuestas y, faltando dos años para las elecciones generales, en dejar un “legado” que la opinión pública pueda percibir –léase inauguraciones de obras de menor envergadura–.

A esto hay que agregar la resistencia que enfrentan las reformas, pues la idea de que se puede conseguir cualquier demanda con una huelga se ha posicionado con fuerza, sobre todo en el sector salud, pese a que sus reclamos resultan tan inverosímiles como su pretensión de que los contribuyentes les festejemos sus cumpleaños. Si bien los trabajadores administrativos del Poder Judicial levantaron su paralización sin haber conseguido su exclusión de la Ley Servir, que no se descarte que continuarán insistiendo.

El gobierno no puede ceder a estas veleidades, porque van en contra de la modernización que se busca emprender y porque daría señales de debilidad cuando lo que se necesita es mayor firmeza y decisión. Las demoras en la elaboración de los reglamentos que permitirán la ejecución de las reformas tampoco ayudan a mantenerlas como prioridad en la agenda oficial.

¿Es mucho pedir? Definitivamente no, porque lo que necesita el Estado peruano son más cambios estructurales. Por ejemplo, el Poder Judicial y el Ministerio Público siguen haciendo agua, la descentralización no funciona y la educación no levanta cabeza. Esperar a que el próximo gobierno ponga manos a la obra sería demasiado costoso.

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