El editorial de Gestión: “Una insegura competitividad”

Al divorcio entre la profusión de normatividad para la competitividad y su implementación hay que agregar un lastre que tampoco es nuevo, pero que recién le ha abierto los ojos al gobierno: la inseguridad ciudadana.

(Foto: USI)
(Foto: USI)

PERSPECTIVA. Si existiera un ranking de países con más legislación promulgada pero no aplicada, el Perú se ubicaría en los primeros lugares. Claro que una medición de ese tipo no sería de gran utilidad porque no probaría nada con relación a la competitividad, como tampoco lo hace la legislación que puebla los estantes de normas legales a la espera de que las autoridades las hagan cumplir.

Y ahora hay que agregar 13 leyes, 20 decretos supremos, 15 resoluciones ministeriales y 88 ordenanzas municipales, según anunció el ministro de Economía, Luis Castilla, que han sido promulgadas para elevar la competitividad del país. Es encomiable que el gobierno sepa cuáles son los vacíos legales que hay que llenar y qué normas pueden impulsar el potencial de las empresas para que compitan de igual a igual con las del extranjero.

Pero lo que resulta preocupante es que el gobierno se contente con la promulgación, que apenas es el primer paso, y se desentienda de lo demás: la aplicación, impulso y supervisión del cumplimiento de la nueva legislación. Entendemos perfectamente que los pasos siguientes no son de exclusiva responsabilidad del MEF y el resto de ministerios, pero mientras sigan trabajando de espaldas, o por encima, de las otras instancias de gobierno, el Perú seguirá liderando ese hipotético ranking de legislación inservible.

La falta de coordinación no es un problema reciente, pero nunca fue tomado en cuenta y, por ende, nunca se buscaron soluciones. Y a este divorcio entre la profusión de normatividad para la competitividad y su implementación hay que agregar un lastre que tampoco es nuevo, pero que recién le ha abierto los ojos al gobierno: la inseguridad ciudadana.

Se han tomado algunas medidas para Áncash, pero la delincuencia se ha extendido por todos lados. Los empresarios son extorsionados y tienen que pagar cupos en las principales ciudades y en el campo, donde cultivan productos para la exportación, e incluso en Lima. Esta inseguridad nos resta competitividad y el gobierno parece no darse cuenta. Ojalá reaccione a tiempo porque de no hacerlo los daños serían gigantescos.

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