Editorial de Gestión: Informalidad financiera

Las cooperativas de ahorro y crédito activas y afiliadas a la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú eran 81, pero el número de no afiliadas era algo superior (83).

(Foto: USI)
(Foto: USI)

Supervisión. Los escándalos de CLAE están desapareciendo de la memoria colectiva, pero no de la mente de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que desde hace buen tiempo ve con preocupación el reducido control que tiene el sistema de las cooperativas de ahorro y crédito (CAC), en particular en la protección de los depositantes y el riesgo de que esas entidades sean utilizadas para el lavado de activos.

Resulta que la SBS solo regula el funcionamiento de las CAC, pero quien en teoría vela por el cumplimiento de esa regulación es la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (Fenacrep). Haciendo un paralelo, es como si la Asociación de Bancos (Asbanc) estuviera a cargo de esa tarea para el caso de los 16 bancos que operan en el país.

Las curiosidades van más allá. Al 30 de junio y según la SBS, las CAC activas y afiliadas a Fenacrep eran 81, pero el número de no afiliadas era algo superior (83), lo cual evidencia que más de la mitad opera en la informalidad, aunque todas actúan bajo una especie de limbo regulador. Además, es de suponer que Fenacrep no estaría en condiciones legales de actuar como lo haría la SBS si detecta problemas de solvencia en sus afiliadas.

Las CAC tienen más de 1.3 millones de socios o ahorristas, que confían depósitos por un total de S/. 5,000 millones. Esas personas se encuentran totalmente desprotegidas, pues no existe una reserva como el Fondo de Seguro de Depósitos, que cubre a los depositantes bancarios. La SBS ha propuesto la creación de un fondo similar así como el establecimiento de un registro único de estas entidades.

Con respecto al riesgo de lavado de activos, tendrían que establecerse los mismos criterios de información y seguimiento que rigen para el resto del sistema financiero. Casos como el de la CAC Coopex (que no estaba afiliada a Fenacrep) ameritan una vigilancia más estrecha. En el 2010, la SBS presentó al Congreso un proyecto para asumir la supervisión de las CAC y en setiembre del año pasado la Comisión de Economía aprobó un texto similar. Esperemos que esta vez los parlamentarios no le den más largas al asunto.

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