INCREMENTO. Cuando la Ley del Servicio Público (Ley Servir) fue aprobada el año pasado, trajo consigo, inevitablemente, una serie de denuncias, acusaciones y protestas. En términos generales, sin embargo, la norma tuvo el acierto de plantear un necesario reordenamiento del sistema público (que, vale aclarar, no muchos políticos se hubiesen atrevido a empujar) a fin de introducir la meritocracia y elevar la calidad del servicio del Estado.
Un componente crítico de esta medida, naturalmente, era la reforma remunerativa. Pero, cuando el sábado el Gobierno publicó un decreto supremo incrementando los sueldos de altos funcionarios públicos –entre ellos los ministros y viceministros– de acuerdo a lo establecido en la Ley Servir, se generó una ola de críticas provenientes de todas las direcciones, particularmente de la oposición, que vio una oportunidad de oro.
Aparte de heredar un sector público, en gran medida, corrupto, en el cual las relaciones personales siempre primaban por sobre las profesionales, el gobierno de Ollanta Humala heredó también del gobierno aprista un sector con escasez de talentos, pues a raíz del recorte de sueldos implementado por Alan García durante su mandato, el Estado perdió a muchos de sus talentos, que decidieron pasar al sector privado, donde había mejores oportunidades de hacer carrera.
Incrementar los sueldos de los funcionarios, en este contexto, y dentro de un plan estructural para mejorar el nivel de servicio del Estado, es algo positivo. No obstante, son varios los errores que cometió el Gobierno en su implementación. En primer lugar, la reforma remunerativa ha tenido que hacerse de “abajo hacia arriba”; es decir, los ministros y el presidente han debido ser los últimos en incrementarse el sueldo. Además, si el aumento hubiese sido gradual seguramente no hubiese encontrado tanta oposición de la opinión pública. Por último, es inevitable preguntarse si los demás funcionarios estarán sujetos a evaluaciones permanentes, ¿bajo qué paradigmas exactamente se evaluará la gestión de ministerios y los gobiernos regionales?
No es la primera vez que este Gobierno demuestra una falta de capacidad para comunicar sus intenciones. Eso no significa, de ninguna manera, la invalidación de la propuesta, pero sí un problema que el presidente debe corregir.
