TIERRA DE NADIE. Una de las grandes promesas que el entonces candidato Ollanta Humala formulaba en sus mítines en el interior del país era frenar el avance de la inseguridad ciudadana. Lamentablemente, desde un inicio su gobierno se distrajo en la coyuntura y aunque ha dado algunos pasos para realizar reformas estructurales –el servicio civil o el sistema de salud–, no ha sabido ni ha podido encarar un problema que no cesa de empeorar.

Y el departamento de Áncash se ha convertido en el triste modelo de la violencia urbana y en la prueba de que la ausencia del Estado y sus instituciones crean una situación de orfandad que deja a los ciudadanos a su suerte y a quienes tienen la valentía de denunciar, completamente desprotegidos. El asesinato de Ezequiel Nolasco ha despertado algunas conciencias, sobre todo en Lima, siempre ensimismada en sus propios asuntos y de espaldas al resto del país.

Ahora se ha anunciado que la Fiscalía investigará el crimen desde la capital, debido a la turbiedad con que su oficina ancashina ha manejado los casos de otros nueve asesinatos anteriores. También en el muy limeño Congreso se ha decidido formar una comisión multipartidaria para indagar qué está pasando en Chimbote y alrededores.

Es todavía incierto cuánto tardarán en reunir pruebas, entrevistar testigos y emitir sus informes finales, pero conociendo el grado de confianza que despiertan en la población –según las encuestas–, ambas instituciones tienen una oportunidad para demostrar que sí son capaces de cumplir las funciones que la Constitución les ha encargado.

La grave situación ancashina parece tener su origen –o por lo menos se ha exacerbado– en la enorme cantidad de recursos que el Gobierno Nacional destina a su gobierno regional y gobiernos locales. Este departamento es junto con Cusco el que recibe más fondos por el canon, pero a pesar de ello se conoce poco del trabajo que realiza la Contraloría para fiscalizar en qué y cómo se gasta ese dinero. Uno de los principales argumentos de las denuncias es que se están sobrevalorando los proyectos, lo cual presentaría un cuestionamiento a la forma en que el MEF aprueba la ejecución de obras.

A este terrible panorama hay que sumar la pobre actuación del Ministerio del Interior. En suma, se han dado algunos pasos, pero no parece ser suficiente.