Elecciones regionales. Se podría decir que el caso Figallo opacó la segunda vuelta de las elecciones regionales, pero no ha sido así. El domingo fue un día cualquiera en Lima –porque los escándalos políticos del Gobierno ya se han hecho una insana costumbre– y no hubo cobertura con tecnología de punta en los catorce departamentos donde los votantes regresaron a las urnas para elegir a sus últimos presidentes –pues a partir del 2019 se llamarán gobernadores, si el Congreso quiere–.

En Áncash ganó un personaje que, por no haber pagado la reparación a la que fue condenado, por haber recibido sobornos de Vladimiro Montesinos nada menos, no podrá asumir el cargo. En Tumbes, el triunfador enfrenta 70 denuncias por delitos como lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En Madre de Dios, el electo presidente regional tendría vínculos con madereros y mineros ilegales. Por suerte, Puno eligió al candidato menos radical, y Apurímac prefirió evitarse problemas con otro opositor de la minería.

Si en Lima tenemos un ministro de Justicia que no conoce “el sistema” y llama a su ahora exprocuradora adjunta anticorrupción para que le explique, nos preguntamos a quién podrán acudir los flamantes presidentes regionales cuando constaten que el sistema de administración pública que tiene el Perú les impedirá cumplir sus generosas promesas de campaña y descubran que dependen del Gobierno Nacional para gastar lo que necesitan.

Es que uno de los principales problemas estructurales del proceso de descentralización es la pobre capacidad de gasto. Por ejemplo, tras las elecciones regionales y municipales del 2010, la inversión pública se contrajo 15.4% en los tres primeros trimestres del 2011 y recién se recuperó durante el cuarto. Ello significaría que las nuevas autoridades necesitarán nueve meses para entender el funcionamiento de la caja fiscal y el financiamiento de sus proyectos. Corresponde entonces al MEF darles una mano y prestarles la atención que merecen para que tarden menos tiempo en ponerse al día.

El otro gran problema estructural es la corrupción. Aquí el papel de consultor recae en la Contraloría, pues es mejor prevenir. Pero, así como van las cosas, el rol de fiscalizador será, nuevamente, responsabilidad de la prensa.