LAVA JATO. Las investigaciones del caso Lava Jato en el país tomaron cuerpo cuando se dieron a conocer las revelaciones de Jorge Barata al Departamento de Justicia de Estados Unidos que incluían al Perú y que despertaron una sed de investigación y de intolerancia a la corrupción, que antes no existía.
A partir de allí, el Congreso rápidamente nombró una nueva comisión investigadora, el Ejecutivo designó procuradores ad hoc para ver el caso y la Fiscalía aceleró un acuerdo especial con la empresa Odebrecht para que brinde información a cambio de beneficios que no se han dado a conocer. Poco después se iniciaron los arrestos a algunos exfuncionarios del segundo gobierno de Alan García y se solicitó la detención del expresidente Alejandro Toledo. Además, el Gobierno aprobó un decreto de urgencia para viabilizar la forma en que la empresa pudiera vender su participación en los proyectos que aún tiene en el país.

Pero de pronto las investigaciones bajaron de velocidad, la extradición de Toledo entró en compás de espera y se empezaron a notar los vacíos en el accionar tanto de la Fiscalía como del Gobierno.

Por ejemplo, el decreto dado por el Gobierno significó que, en los hechos, se inmovilicen los ingresos de la empresa, lo cual impacta en el pago a proveedores y trabajadores. Para algunos especialistas, la norma es un desincentivo para que otras compañías involucradas en casos de corrupción colaboren con la Fiscalía.

De igual forma, es evidente la falta de coordinación entre la Procuraduría y la Fiscalía, que se hace patente en la inexperiencia de los profesionales designados para esta tarea. A diferencia de la investigación de corrupción del gobierno de Fujimori, donde el procurador ad hoc, José Ugaz, tenía trayectoria, para el caso de Odebrecht no se ha tenido la misma línea de acción.

Otro hecho relevante es la incapacidad de la Fiscalía para obtener directamente la información que le permita continuar las investigaciones. Hasta el momento todo el avance se debe principalmente a la data brindada por Odebrecht o la que proviene de los colaboradores eficaces de Brasil; un ejemplo de ello es el caso de Félix Moreno: se han allanado sus viviendas por las declaraciones de un colaborador eficaz en el Brasil, aunque no han sido suficientes para solicitar una orden de arresto.

Por el trabajo realizado hasta el momento corresponde al Ministerio de Justicia y la Fiscalía evaluar los pasos dados y realizar los correctivos necesarios para que las acciones se muevan al ritmo de una marinera y no de una samba.