POLÍTICA AGRARIA.El Gobierno buscará evitar la concentración de la propiedad en las licitaciones de terrenos en los proyectos de irrigación, por lo cual es preciso que se plantee una propuesta clara a fin de evitar la incertidumbre que se podría generar entre los potenciales interesados. El ministro de Agricultura y Riego, José Manuel Hernández, advierte que en el proyecto Olmos se cometió “el error” de adjudicar 15,000 hectáreas a un mismo postor (de las 38,000 ofrecidas).

¿Es factible hacerlo? Tendría que evaluarse cada proyecto por separado y analizar qué extensión máxima es la más conveniente en cada caso, pues las condiciones climáticas y geográficas del país, tan diferentes y variadas, no permiten establecer criterios únicos. Sin embargo, si la política agraria del nuevo Gobierno contempla el quiebre de las posiciones de dominio de mercado, también tendrá que enfocarse en la comercialización, sobre todo de los productos dirigidos al mercado interno, que en gran medida son cultivados por pequeños agricultores.

El plan de gobierno de PPK pone énfasis en mejorar la situación económica y financiera de dicho grupo. Por ello, los retos que se plantee Hernández merecen especial atención porque se trata de más de 3 millones de productores, cuya brecha de productividad respecto de los agroexportadores de la costa es muy grande y es necesario atender sus necesidades de modernización con políticas públicas.

Entre ellas, el plan de PPK incluye la prestación de ayuda crediticia y técnica, mejora de cultivos y del procesamiento de productos, otorgamiento de títulos de propiedad confiables y defendibles, construcción de infraestructura básica (caminos, electricidad, agua potable), impulso de la forestería e implementación del Seguro Agrario, entre otras medidas.

El partido de gobierno considera que el consumidor paga 2 a 3 veces más de lo que recibe el agricultor por su producto. Para superar estas deficiencias, se tendrá que trabajar en impulsar el acceso a información y la asociatividad de los agricultores, pero también en estudiar a fondo la estructura de las cadenas de distribución, a fin de determinar si funcionan siguiendo la racionalidad del libre mercado y aplicar medidas correctivas, de ser el caso.