Poder judicial. La corrupción de funcionarios públicos es un mal que, lamentablemente, trasciende fronteras, y no siempre se encuentra la forma de frenarla o castigarla adecuadamente.

Uno de los ejemplos más recientes en la región es el llamado caso ‘Lava Jato’, en Brasil, que involucra no solo a grandes empresas sino también a funcionarios de primer nivel, a tal punto que el expresidente Lula Da Silva ha sido incluido en la investigación.

El proceso, que se inició en el 2013, ha mostrado algo no muy común en la región: independencia por parte del Poder Judicial. Las reformas legales que se fueron dando en Brasil a partir de 1988 han contribuido a que el Poder Judicial brasileño tenga autonomía relativa respecto al poder político y al económico.

Frente al difícil panorama generado por este proceso, quizás uno de los más emblemáticos no solo en Brasil sino en toda Latinoamérica (porque las empresas involucradas también operaban en países vecinos), los jueces brasileños han dado el ejemplo, pues sin importar que las investigaciones involucren a funcionarios del actual Gobierno los procesos siguen su curso y, al parecer, no les temblará la mano para sancionar a los responsables.

El accionar del Poder Judicial brasileño debería ser considerado normal y no causar sorpresa, sin embargo tiene a todos los países cercanos con una actitud de asombro. En la región, y el Perú no es la excepción, no se acostumbra ver muestras tan claras de independencia.

Es verdad que a partir del año 2000 el Poder Judicial peruano inició también un proceso para sancionar la corrupción que se generó durante el gobierno de Alberto Fujimori, pero la diferencia con el caso brasileño radica en que en ese momento ya el fujimorismo no se encontraba en el poder y no contaba con el respaldo popular.

La autonomía e independencia de este poder depende de las normas, pero no basta con ellas, se requiere sobre todo que los jueces se sientan y actúen con independencia. Hoy nuevos procesos anticorrupción, como la investigación de las agendas, las repercusiones locales del caso ‘Lava Jato’ y el juicio a Orellana pondrán a prueba al Poder Judicial peruano y le permitirán demostrar si puede seguir el ejemplo brasileño.