PROINVERSIÓN. El baldazo de agua fría cayó antes de carnavales. El 25 de enero, el ministro de Economía, Alfredo Thorne, dijo que el PBI ya no crecerá 4.8% este año sino un punto porcentual menos, por el impacto que generará la paralización de las obras a cargo de Odebrecht. Al día siguiente, en una muestra de lo mal manejadas que están las comunicaciones del Gobierno, Thorne se autocorrigió: el PBI crecería 3.8% este año “si no hacemos nada, pero estamos haciendo muchas cosas”. Y apostó por una expansión de 4.3%.
Entre esas muchas cosas figuran US$ 4,000 millones en proyectos cofinanciados que se adjudicarán este año. En efecto, ProInversión tiene previsto concesionar 16 proyectos por US$ 4,077 millones bajo la modalidad de asociaciones público-privadas (APP). Hay que tener en cuenta que dichos procesos se tendrán que estructurar y promover mientras la entidad se encontrará en plena reestructuración, según dispuso el Decreto Legislativo 1251 –que redefine el rol de ProInversión y reordena el esquema de las APP–. La agencia se ha comprometido que estará completamente reestructurada en octubre.
Esto significa que en estos meses se tendrá que trabajar arduamente en dos frentes: promover las concesiones listadas para este año y modernizar la agencia. Un aspecto crucial en este punto será la designación de los tres miembros independientes del Consejo Directivo –los otros son el ministro de Economía, que lo preside, y dos ministros más–, pues se requiere que sean profesionales con experiencia reconocida y, sobre todo, que estén exentos de conflictos de interés.
La reorganización de ProInversión también pasa por revisar la idoneidad de su personal, en particular en lo concerniente a lo ético. Por ejemplo, hay funcionarios que están bajo investigaciones en curso por la concesión de la Línea 2 del Metro de Lima.
Con respecto a las concesiones (las de este año y las futuras), es preciso que la elaboración de los contratos se realice con mayor claridad y se prevenga que generen suspicacias. También habrá que evitar sus constantes modificaciones con adendas, que en ocasiones han cambiado muchos puntos de los contratos originales. El caso del aeropuerto de Chinchero es un ejemplo de lo que no debe repetirse.
