INSTITUCIONALIDAD. El Gobierno, el Congreso y la Policía Nacional son consideradas las entidades más necesarias para el adecuado funcionamiento del país; sin embargo, la realidad es que ninguna de ellas está entre las instituciones más representativas, las que más confianza generan, o las que cumplen adecuadamente su trabajo, es más, sucede todo lo contrario, tal como muestra la última encuesta de Pulso Perú.

Algo no está funcionando bien en un país que tiene tal nivel de discrepancia entre lo que pasa en la realidad y lo que la gente siente que debería ser y es que, tal como adelantábamos hace unos días, desde hace muchos años atrás la institucionalidad del país se ha ido debilitando.

Las personas no respetan la figura del presidente de la República (incluidos ministros) o la de los congresistas, no porque sientan que no son importantes, sino porque consideran que quienes están en esos cargos no cumplen adecuadamente sus funciones y no los representa ni a ellos ni a sus intereses, en suma, no confían en ellos.

Sin embargo, buscan a un buen dirigente, uno que solicite la participación de la comunidad y que consulte las acciones a tomar, aunque eso implique demora en los resultados. Quizá esto sea una señal para que en las próximas elecciones seamos más cuidados al elegir representantes, pues salvo el caso de la policía, somos los ciudadanos con nuestro voto los que decidimos a nuestros representantes.

Frente a las reservas que se tienen con las instituciones públicas, las instituciones privadas son miradas con mayor aprecio. Los medios de comunicación son las entidades en la que más confían las personas y ocupan el segundo lugar en lo que se refiere a cumplimiento adecuado de sus funciones.

Es importante acabar con la falta de institucionalidad en el país, pero no es una labor fácil ni rápida. Es indispensable que toda la ciudadanía se comprometa con el tema para evitar que los intentos que inicie el Gobierno (seguramente el próximo) no se queden a mitad de camino. Por parte de las fuerzas políticas se requieren acciones consensuadas que permitan, sea quien sea el gobernante, que las reformas no se detengan. Nada le hace más daño al país que tratar de iniciar todo desde cero cada cinco años.